La magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, cuestionó este lunes al Gobierno de Laura Fernández por el recorte presupuestario al Poder Judicial y lanzó una pregunta directa: «¿Al Poder Judicial o a la criminalidad?».
La reducción asciende a ₡23.722 millones para 2026, según información publicada este lunes. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor parte de la rebaja, con ₡9.536,3 millones.
La Corte Plena autorizó al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, a emprender acciones legales y administrativas contra el recorte planteado por el Ministerio de Hacienda. La institución sostiene que la reducción podría afectar operaciones contra el crimen organizado, incluidos allanamientos e investigaciones.
Patricia Solano compara recorte con costo del operativo Némesis
En ese contexto, Patricia Solano recordó el costo de uno de los operativos más importantes de los últimos meses: el operativo Némesis, que permitió la captura de Alejandro Arias Monge, alias «Diablo». La magistrada señaló que dicha operación tuvo un costo aproximado de ₡50 millones.
«Imagínese que el día del allanamiento del ‘Diablo’, el operativo costó 50 millones de colones»
«¿Cuántos operativos podemos hacer exitosos que viene realizando una investigación el Ministerio Público en asociación del OIJ para combatir la criminalidad?»
Magistrada advierte sobre el mensaje del Ejecutivo
Patricia Solano criticó que, mientras las instituciones encargadas de investigar el delito desarrollan operaciones contra organizaciones criminales, sus recursos sean reducidos. «Si tuviéramos todos los recursos, los que ya nos deberían haber dado y los que tenemos, nos recortan», afirmó.
«Entre más exitoso es el organismo de investigación judicial y el Ministerio Público, pareciera que el mensaje que nos dan es que no se quiere combatir la seguridad ciudadana»
La magistrada también defendió el papel del OIJ y del Ministerio Público frente al avance de las organizaciones criminales. «Hacemos un esfuerzo para poder eliminar las bandas criminales para darle seguridad a Costa Rica, que no es la labor esencial del Poder Judicial», explicó.
«Eso le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, con todo el interés y la preocupación que tenemos, trabajamos en eso, pero entre más exitosos, nos quitan recursos. ¿Cuál es el mensaje que hay en esto?»
Cuestionamiento directo a Laura Fernández
Las palabras de Patricia Solano coinciden con una preocupación que ya había expresado en otras ocasiones sobre el impacto de los recortes en la capacidad operativa del Poder Judicial. El pasado 20 de julio, la magistrada calificó de «ahogamiento económico» la reducción de recursos a la institución.
Ahora, ante el nuevo recorte, Patricia Solano dirigió su cuestionamiento directamente a la presidenta Laura Fernández: «¿Cuál es la preocupación que tiene con la seguridad ciudadana si le eliminan los recursos al Ministerio Público, si le quita los recursos al OIJ para que no investiguen?».
«¿Con quién, cuál es el interés, con quién es, a quién combatimos? ¿Al Poder Judicial o a la criminalidad?», elevó el tono la magistrada.
Finalmente, Patricia Solano planteó una advertencia sobre las consecuencias de debilitar presupuestariamente a las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado: «O es que la criminalidad, golpeando al Poder Judicial, ¿cuál es el resultado que tenemos? ¿Qué tienen que entender los costarricenses con esto?».
El recorte aún deberá seguir el trámite correspondiente en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, la Corte Plena ya autorizó acciones para intentar frenarlo, en una nueva escalada de la disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por los recursos destinados a la investigación y persecución de la criminalidad.
