El Poder Judicial advirtió que el recorte total de ₡16.273 millones en su presupuesto para 2026 tendrá efectos directos en la lucha contra la delincuencia, la atención de víctimas y el acceso a la justicia.
La disminución más reciente corresponde a ₡3.053 millones que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Rodrigo Chaves, decidió no girar a la institución, medida comunicada el pasado 13 de julio en el marco de los ajustes al sector público por la situación fiscal del país.
Este monto se suma a los ₡13.220 millones que la Corte Plena ya había acordado ceder el 27 de junio, señalando en ese momento que era el máximo posible sin afectar de forma drástica el funcionamiento institucional.
Impactos señalados por el Poder Judicial
Durante la sesión de Corte Plena del 20 de julio, encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Catalino Orlando Aguirre, autoridades judiciales expusieron los efectos que, según indicaron, tendrá este nuevo recorte en la operación institucional.
Entre los principales impactos mencionados se encuentran limitaciones para realizar allanamientos, levantamiento de indicios e inspecciones, lo que —según señalaron— incrementaría los tiempos de respuesta en la investigación criminal.
También advirtieron sobre restricciones para cubrir viáticos y hospedaje, lo que afectaría investigaciones de campo, especialmente en zonas alejadas.
En materia de recursos técnicos, indicaron que el ajuste dificultará la reparación de equipos, la sustitución de vehículos y la compra de materiales para el manejo de evidencia, así como equipo de protección.
Asimismo, señalaron que no podrán adquirir licencias de software, servidores ni plataformas para análisis criminal y evidencia digital, lo que —según expusieron— compromete la capacidad para investigar delitos complejos.
Posibles afectaciones en servicios judiciales
El Poder Judicial también alertó sobre el riesgo de reprogramación o suspensión de juicios y audiencias, así como limitaciones en salas y sistemas audiovisuales.
Además, indicaron que se reduciría la capacidad para realizar peritajes, traducciones y otros servicios especializados.
En cuanto a víctimas y testigos, señalaron que el recorte limitaría la posibilidad de brindar protección, traslados seguros y reubicaciones.
También se verían afectados recursos destinados a poblaciones vulnerables, como ayudas de emergencia, alimentación y cobertura en territorios indígenas y zonas alejadas.
Acciones en análisis
Tras la exposición, la Corte Plena acordó trasladar el tema a la Presidencia de la Corte para que, en coordinación con instancias técnicas y jurídicas, determine las acciones a seguir ante la reducción presupuestaria.
Ejecución y resultados
El Poder Judicial defendió su ejecución presupuestaria, señalando que en los últimos años ha mantenido niveles cercanos al 100%, con cifras entre el 95% y el 97%.
También destacó avances en eficiencia, como el aumento del 27% en expedientes resueltos entre 2021 y 2025 y que el 85% de los casos tiene una duración menor a cinco años.
No obstante, insistió en que el nuevo recorte representa una afectación adicional que impactará su capacidad operativa.
