La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, aseguró que el plantón ciudadano influyó en la decisión del Ministerio de Hacienda de revertir una rebaja presupuestaria al Poder Judicial.
La manifestación, realizada el 6 de agosto en la plaza de la Democracia, respaldó la independencia judicial y la división de poderes.
Durante la sesión de Corte Plena de este lunes, la magistrada agradeció el trabajo de los órganos internos que colaboraron con el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, para presentar un recurso de revocatoria contra la determinación de la cartera.
Esa decisión de Hacienda había trascendido el 20 de julio anterior.
«No puedo dejar de resaltar que el plantón efectuado en días pasados creo que también ha tenido un impacto positivo en la respuesta que se nos dio»
La alta jueza señaló que la manifestación expresó el respaldo de los costarricenses al Estado de Derecho y a la división de poderes.
«Esa manifestación de los costarricenses en cuanto a cuál es el sistema político que quieren para Costa Rica, que se siga manteniendo el Estado de Derecho con división de poderes, y un gran respaldo para este poder de la República, como mediador que siempre ha sido, incluso entre los tres poderes»
Patricia Solano afirmó que esa muestra de apoyo «ha impactado» y espera que continúe influyendo en las decisiones futuras.
La magistrada también agradeció a quienes acudieron a la manifestación que abarrotó la plaza de la Democracia.
Patricia Solano pide fortalecer el Poder Judicial
La presidenta de la Sala de Casación Penal fue enfática en que, pese al respaldo ciudadano, la institución necesita mejorar su respuesta hacia los usuarios.
Mencionó aspectos relacionados con la organización y el funcionamiento interno del Poder Judicial.
De momento, se desconocen las razones reales del cambio de postura de Hacienda.
Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera.
La Corte Suprema de Justicia indicó en un comunicado que la nueva posición se produjo después de la gestión de Orlando Aguirre, encomendada por el resto de los magistrados.
Recorte de ₡3.053 millones queda sin efecto
Originalmente, Hacienda pretendía rebajar el 10% en las cuotas de gastos de la programación financiera del Poder Judicial para el tercer y cuarto trimestre del año.
Ese porcentaje equivalía a ₡3.053 millones, lo que representaba el 42,4% de las erogaciones previstas para lo que resta del 2026.
Ante la retención anunciada, el Poder Judicial había reprogramado compras y planes de trabajo en todas sus áreas.
La medida afectaba al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Con la liberación de la cuota, la Corte debió revertir los procesos realizados y reincorporar los recursos al disponible institucional.
Esto implica retomar los planes de trabajo y reprogramar los procesos de compra.
La Corte advirtió que el impasse puede generar riesgos para la ejecución de los recursos, debido a los trámites administrativos que implica revertir miles de líneas presupuestarias.
