La magistrada de la Sala III Patricia Solano no guardó silencio tras la decisión de Casa Presidencial de retirar los teléfonos celulares y tabletas a los jerarcas del Poder Judicial previo al inicio de su primer encuentro oficial con la presidenta Laura Fernández Delgado, realizado este lunes en Zapote. Solano catalogó la medida como una «falta de respeto».
La magistrada admitió que la disposición la tomó por sorpresa y aseguró que se lo hizo saber directamente al personal de la Presidencia.
«Que me sorprendió la falta de respeto y de los dije», enfatizó Patricia Solano, magistrada de la Sala III.
Previo al inicio del encuentro, funcionarios de Casa Presidencial solicitaron a los jerarcas dejar sus dispositivos electrónicos fuera de la sala y los sometieron a un escaneo en busca de equipos adicionales, armas u objetos metálicos. La totalidad de los asistentes cumplió con la indicación, aunque varios de ellos esperaban recibir información relevante en ese momento.
Primera reunión entre el Poder Judicial y el Gobierno Fernández
El encuentro del lunes marcó el primer contacto oficial entre los máximos representantes del Poder Judicial y el actual gobierno encabezado por Laura Fernández Delgado, en un contexto nacional marcado por debates en torno a la seguridad pública, el narcotráfico y eventuales transformaciones al sistema de justicia.
La delegación judicial estuvo integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; la magistrada Patricia Solano; el fiscal general Carlo Díaz; y el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.
Del lado del Ejecutivo participaron el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves; el ministro de Comunicación, Arnold Zamora; el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; y el ministro de Seguridad, Gerald Campos.
Fernández cuestiona el presupuesto y la eficacia judicial
Desde el inicio de la reunión, Laura Fernández planteó interrogantes a los jerarcas sobre la administración de los recursos del Poder Judicial y los resultados concretos del sistema de justicia en el país.
La presidenta señaló una contradicción entre las solicitudes de mayores fondos por parte del Poder Judicial y lo que, a su juicio, reflejan los indicadores de desempeño institucional. Sostuvo además que el Ejecutivo ya transfiere al Poder Judicial montos superiores a lo que establece la Constitución y llamó a tratar el tema «con claridad».
En esa misma línea, Fernández planteó la necesidad de sostener una conversación «honesta» en torno al destino de los fondos públicos y les expresó a los jerarcas la percepción que, según ella, tiene la ciudadanía costarricense sobre el funcionamiento de la justicia.
Orlando Aguirre rechaza comprometerse con reformas que aún no existen
Uno de los pasajes más álgidos del encuentro ocurrió cuando Laura Fernández buscó que Orlando Aguirre avalara públicamente un conjunto de proyectos de reforma al Poder Judicial, pese a que dichas iniciativas no han sido presentadas de manera formal por el Ejecutivo.
Aguirre declinó respaldar las propuestas impulsadas por el Gobierno. De acuerdo con lo relatado por la propia Fernández, el presidente de la Corte también evitó pronunciarse sobre el tipo de mayoría legislativa que requerirían esas reformas una vez ingresadas a la Asamblea Legislativa.
Las iniciativas mencionadas por Fernández no han sido trasladadas formalmente ni al Legislativo ni al Poder Judicial, por lo que su contenido permanece sin conocerse públicamente.
Frente a esa situación, la mandataria advirtió que, de no prosperar las reformas en el Congreso, su gobierno evaluará llevarlas directamente a la ciudadanía mediante un referéndum.
