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El exdiputado y líder político Otto Guevara lanzó duras críticas contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, al denunciar lo que calificó como un “abuso de poder” y un ataque a la libertad de expresión, tras imponer multas millonarias a medios de comunicación y a un ciudadano por publicar encuestas durante la veda electoral previa a los comicios nacionales.
Multas y contexto legal
Guevara señaló que el TSE sancionó recientemente a un individuo con una multa de ₡4.6 millones (cerca de $8,500) por compartir una encuesta en sus redes sociales durante el periodo de veda electoral, establecido por ley tres días antes de las elecciones.
Este hecho, según el político, expone una “barbaridad” y una contradicción: mientras el Tribunal aceptó apelaciones de medios como El Mundo, Acontecer.co.cr y Semanario Universidad —que también fueron multados previamente—, aplicó un castigo “desproporcionado” a una persona común.
«¿Dónde queda la libertad de expresión? La legislación habla de medios de comunicación, pero una persona tiene derecho a publicar lo que le dé la gana sin someterse a una gestapo de la información»
Institucionalidad “desbordada”
El excandidato presidencial del Movimiento Libertario cuestionó la capacidad del TSE para regular la comunicación digital.
«El tema de la economía digital y las redes sociales los tiene descobalados ; no saben qué hacer y están abusando de su poder»
Además, Guevara incluyó al TSE en su crítica a instituciones que, a su juicio, operan con “ínfulas autoritarias”, junto a la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.
«Hay que sacudir al Tribunal, acotar sus competencias y recordarles que su papel no es controlar opiniones individuales»
Falta de pronunciamiento y debate legal
Hasta ahora, el TSE no se ha pronunciado sobre las declaraciones. No obstante, la Ley Electoral costarricense faculta al Tribunal para sancionar infracciones a la veda, aunque tradicionalmente las multas se han dirigido a medios formales.
El caso del ciudadano multado reabre el debate sobre cómo aplicar normas analógicas a realidades digitales y si estas restringen derechos fundamentales.
Mientras sectores jurídicos defienden que la norma busca equidad en procesos electorales, organizaciones de prensa y expertos en libertad de expresión exigen una actualización legal que distinga entre medios profesionales y ciudadanos. Para Guevara, sin embargo, el problema es más profundo:
“El TSE está usando recursos públicos para montar casos absurdos. Es una institución que necesita aterrizarse“.
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