El diputado José María Villalta Flórez-Estrada presentó el proyecto de ley 25.815, denominado «Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos», con el objetivo de endurecer las penas contra quienes atenten contra activistas y ampliar los mecanismos de resguardo disponibles.
La iniciativa de la fracción del Frente Amplio incorpora agravantes penales para el homicidio y la privación de libertad cuando la víctima sea una persona defensora de derechos humanos y el delito esté vinculado con esa labor.
En el caso del homicidio, la propuesta modifica el artículo 112 del Código Penal, cuya pena oscila entre 20 y 35 años de prisión. Para la privación de libertad agravada, se incorpora al artículo 192, que establece sanciones de 4 a 10 años.
«Esta propuesta busca enviar una señal clara contra la impunidad, reconociendo la importancia de la labor que realizan las personas activistas en defensa de los derechos y las libertades de la población costarricense»
Ampliación de mecanismos de protección a organizaciones
El proyecto también agrega un nuevo artículo 71 ter al Código Procesal Penal. Este permitiría que integrantes de asociaciones, fundaciones u otras organizaciones vinculadas directamente con una persona ofendida accedan a servicios de protección y asistencia.
La medida aplicaría cuando, por esa relación, enfrenten amenazas graves contra su vida o integridad física. José María Villalta Flórez-Estrada explicó que la reforma busca incluir expresamente en el programa de protección de víctimas y testigos a quienes son perseguidos por defender derechos humanos.
«Buscamos reformar la legislación sobre el programa de protección de víctimas y testigos, para que incluya expresamente la protección a personas que son perseguidas o amenazadas por realizar la defensa de los derechos humanos»
Contexto de violencia contra activistas en Costa Rica
El informe Global Analysis 2024/25 de la organización Front Line Defenders reveló que Latinoamérica concentró el 79,3% de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2024, con 257 casos registrados.
José María Villalta Flórez-Estrada mencionó casos ocurridos en Costa Rica que evidencian la urgencia de reforzar la protección. Entre ellos citó los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera, así como el del defensor de tortugas Jairo Mora en 2013.
También recordó el asesinato del líder indígena Antonio Zúñiga en 1989, la masacre de Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero de la Asociación Ecologista Costarricense en 1994, y la muerte de la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell en 2011.
«Son personas que han sido asesinadas, que han sido amenazadas y que no han tenido una protección adecuada»
El proyecto también plantea sanciones más rigurosas para quienes cometan crímenes motivados en silenciar a personas defensoras de derechos humanos, del territorio, del agua y de los pueblos originarios.
