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Laura Fernández endurece críticas contra diputados por freno al proyecto del oro de Crucitas

Presidenta exige a la Asamblea avanzar en proyecto para subastar oro de Crucitas mientras crimen organizado aprovecha el recurso

Laura Fernández endurece críticas contra diputados por freno al proyecto del oro de Crucitas

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó este martes una dura advertencia a los diputados que se oponen al proyecto para subastar el oro de Crucitas: que el pueblo costarricense no les perdone el bloqueo a una iniciativa que, según afirmó, llevan dos años y medio esperando que la Asamblea Legislativa apruebe.

Las críticas de Laura Fernández apuntaron directamente a las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio, que han paralizado el plan del Ejecutivo con cientos de mociones y promueven en cambio una propuesta alternativa basada en el aprovechamiento de oro residual y la tokenización de activos.

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«Yo estoy haciendo lo que a mí me toca. Hace dos años y medio presentamos la solución de este problema a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley construido en consenso (…) Qué fácil también desde la comodidad del aire acondicionado señalar y señalar y señalar. Pero ¿dónde están las acciones de la Asamblea Legislativa? Que Dios los perdone, ojalá que el pueblo de Costa Rica no», sentenció Laura Fernández, presidenta de la República.

La mandataria hizo estas declaraciones en el marco de una visita de campo que tiene prevista para el 19 de junio junto con legisladores a la zona de Crucitas, con el fin de constatar de primera mano el deterioro ambiental acelerado y las condiciones en que operan los cuerpos policiales desplegados en el lugar.

Crimen organizado aprovecha el oro mientras el proyecto duerme

Laura Fernández advirtió que la falta de acción legislativa ha dejado el terreno libre para que organizaciones criminales sigan extrayendo y aprovechando el oro de Crucitas, mientras la zona sufre una degradación ambiental que no se detiene.

Según señaló la presidenta, esta situación representa una paradoja inaceptable para un país reconocido a nivel internacional por su compromiso con la conservación ambiental.

«Ahora vamos a hacer una visita de campo una vez más. Ya don Rodrigo Chaves había ido. Vamos a ir una vez más a valorar las condiciones del deterioro acelerado que tiene esa zona. También me interesa muchísimo ir a ver las condiciones laborales en las que están trabajando nuestros policías, porque qué fácil es decir no me importa que pasen 25 años con ese problema cuando no se está en las botas de los policías», recalcó Laura Fernández.

La presidenta fue directa al subrayar la contradicción entre el discurso ambientalista de los opositores al proyecto y la realidad sobre el terreno: mientras el debate parlamentario se extiende, el daño ecológico avanza y el recurso minero queda en manos del crimen.

La propuesta del Gobierno: subasta al alza con criterio técnico

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea un mecanismo de subasta al alza, en el que se fijaría un precio base por onza de oro y los interesados competirían ofreciendo montos superiores, con el objetivo de maximizar los ingresos para el Estado.

Según el Gobierno, los recursos obtenidos se destinarían a rubros prioritarios como educación y seguridad. El proyecto fue desarrollado con el respaldo de especialistas en geología y minería, y contempla que la explotación del recurso se realice de forma ordenada, controlada y adaptada a las características ambientales y técnicas de la zona.

Laura Fernández insistió en que la propuesta fue construida en consenso hace más de dos años y en que la responsabilidad del estancamiento recae íntegramente sobre la Asamblea Legislativa.

«Que Dios los perdone, ojalá que el pueblo de Costa Rica no», advirtió Laura Fernández, en referencia directa a quienes han bloqueado el avance del proyecto.

Carlos Valencia
Escrito por
Carlos Valencia

Periodista UIA 2024. Director y Fundador del medio Acontecer.co.cr - Mención honorífica en el Premio Alberto Martén Chavarrí­a 2023, Categoría Estudiantes.

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La decisión generó un choque inmediato con la oposición, que advirtió que el archivo borra el trabajo —y los recursos públicos— invertidos por el Congreso anterior en esas investigaciones.

Qué expedientes quedaron archivados

Entre los expedientes clausurados figuran el 25.413, sobre presuntas irregularidades en la ampliación del tramo Barranca-Limonal a cargo de Tradeco; el 24.629, sobre nombramientos cuestionados en la junta directiva del Banco Popular; y el 24.394, relativo al cierre de Coopeservidores.

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