La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó el pasado lunes ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar las causales para permitir la extradición de ciudadanos costarricenses vinculados a delitos graves.
Actualmente, el artículo 32 de la Constitución Política solo autoriza la extradición en casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo pretende extender este alcance a otras manifestaciones del crimen organizado que han ganado terreno en el país.
Entre los delitos que se incorporarían se encuentran la legitimación de capitales, el tráfico de armas, la trata y el tráfico de personas, el tráfico de órganos y tejidos, el cibercrimen, así como el sicariato y el homicidio, entre otros.
Según explicó la mandataria, esta reforma responde a la necesidad de adaptar el marco jurídico costarricense a las nuevas dinámicas delictivas.
“El proyecto responde a una realidad crítica y es que el proceso penal toma demasiado tiempo”, señaló Fernández durante la presentación, al tiempo que defendió la urgencia de modernizar las herramientas legales frente al avance del crimen organizado.
La iniciativa forma parte de un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad impulsados por el Ejecutivo, con los que se busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir estructuras criminales tanto a nivel nacional como internacional.
De ser aprobada, la reforma implicaría una modificación a la Constitución Política, por lo que requerirá un proceso legislativo más amplio, incluyendo votaciones calificadas en la Asamblea Legislativa.
