El líder del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, alertó que el decreto de «Secreto de Estado» firmado por la presidenta Laura Fernández podría utilizarse para blindar la compra de un poderoso software espía israelí.
Hidalgo cuestionó la amplitud del Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, publicado este lunes, que establece una reserva absoluta de información sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo de trabajo «Fuerza Élite».
La medida abarca desde planes operativos y mecanismos de inteligencia hasta expedientes de contratación pública, proveedores y presupuestos.
Para Hidalgo, el riesgo principal radica en que el Gobierno utilice este «paraguas» de confidencialidad para adquirir tecnología de vigilancia invasiva sin supervisión.
El dirigente recordó las declaraciones del ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien en junio pasado anunció la incorporación de tecnología desarrollada por el Mossad de Israel para combatir el contrabando, sin brindar detalles técnicos ni aclarar los controles de uso.
«El gobierno está muy interesado en obtener la licencia de un poderoso software espía israelí que ya ha sido utilizado por gobiernos en la región a los cuales el chavismo admira muchísimo», señaló Juan Carlos Hidalgo.
El líder socialcristiano enfatizó que, bajo el nuevo decreto, no solo se facilitaría la compra de este tipo de tecnología sin control, sino que se prohibiría a los medios de comunicación informar si existiera evidencia de su uso contra figuras de la sociedad civil.
Riesgo para garantías constitucionales
«Es natural que ciertas cosas relevantes a la seguridad nacional se manejen como secretos de Estado. Pero este decreto del Ejecutivo va muchísimo más allá y ciertamente pone en peligro garantías constitucionales», agregó Juan Carlos Hidalgo.
La preocupación no es aislada. Expertos en seguridad, como el exministro Gustavo Mata, han advertido que el secreto de Estado podría emplearse para ocultar asuntos ajenos a la seguridad nacional.
Esto permitiría que el Ejecutivo eluda los controles de la Contraloría General de la República en contrataciones directas.
Hasta la fecha, el Gobierno no ha detallado las especificaciones técnicas ni los marcos legales que regirán el uso de las herramientas de inteligencia adquiridas.
El hermetismo, según Juan Carlos Hidalgo, solo alimenta la desconfianza sobre el respeto a la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
