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Esta semana, la fracción del Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley, bajo el expediente 23.855, con el objetivo de establecer el Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Incumplimiento del Deber de Probidad.
Desde el año 2010, la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa crear un marco normativo de responsabilidad para los diputados y diputadas en caso de violación al deber de probidad. En mayo de 2018, se aprobó una reforma constitucional que enfatiza la obligación de los legisladores de cumplir con dicho deber, permitiendo que las diputaciones pierdan su credencial conforme a los procedimientos establecidos por ley.
A pesar de esta disposición constitucional, la legislación requerida aún no ha sido promulgada, y recientemente, la Asamblea Legislativa rechazó extender el plazo cuatrienal para el proyecto 21.515, una propuesta del exdiputado José María Villalta que tenia como objetivo definir el proceso para sancionar a las diputaciones.
El diputado Jonathan Acuña Soto, junto con la Fracción del Frente Amplio, ha reintroducido el proyecto de ley necesario para “identificar y sancionar las conductas corruptas que van en contra de la transparencia y la ética”, el proyecto tambien tiene objetivo establecer el procedimiento a seguir cuando un legislador incumple su deber de probidad.
En caso de sospecha de irregularidades, la Procuraduría de la ética Pública sería la entidad encargada de investigar a la diputación en cuestión y emitiría una recomendación a la Asamblea Legislativa, que tendría la responsabilidad final de tomar una decisión sobre la denuncia.
Si el Congreso determina que ha habido una violación grave del deber de probidad, el Tribunal Supremo de Elecciones retiraría las credenciales de los legisladores sancionados, de acuerdo con lo establecido por la ley.
El proyecto también establece que tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría de la ética Pública tendrán la obligación de presentar denuncias, siendo la primera responsable de salvaguardar los intereses de la hacienda pública y la segunda encargada de supervisar el comportamiento de los funcionarios públicos.
Con esta nueva propuesta, la fracción del Frente Amplio enfatiza la urgente necesidad de que la Asamblea Legislativa cumpla con el mandato de la Sala Constitucional.
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