El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó un amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) por la decisión de dar por concluido el convenio para la celebración de audiencias virtuales.
El recurso permanece bajo estudio de admisibilidad en el expediente 26-028608-0007-CO, confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal.
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Para el jefe del Ministerio Público, la determinación viola los derechos fundamentales de los privados de libertad, las víctimas y demás intervinientes en procesos penales.
En la gestión, Díaz alega un impacto en la continuidad de ciertas actuaciones por la inmediata terminación del mecanismo que la cartera tenía con el Poder Judicial.
Medida cautelar solicitada por el fiscal general
El fiscal general solicitó a la Sala una medida cautelar urgente que suspenda provisionalmente los efectos de la decisión impugnada.
La medida busca mantener operativa la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de las vistas virtuales.
El amparo fue presentado el pasado 7 de agosto, cuatro días después de que el Ministerio de Justicia anunciara la ruptura del acuerdo.
Justificación del Ministerio de Justicia y Paz
La determinación respondió a «las recientes manifestaciones de las autoridades sobre su preferencia de realizar audiencias presenciales», según justificó la cartera.
Algunos de los comentarios relacionados con el tema se contextualizan en la negativa del Poder Judicial a que la vista de medidas cautelares de Alejandro Arias, conocido como «Diablo», se llevara a cabo en modalidad virtual.
No obstante, Díaz explicó en su momento que ello respondió a que personal de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos quería conversar con quien fuera el criminal más buscado del país para conocer su posición sobre una eventual extradición.
Impacto en el Sistema Penitenciario Nacional
La cartera defendió que la finalización del convenio también le permitirá reasignar el recurso policial actualmente destinado a esas diligencias.
Los oficiales serán destinados a fortalecer las labores de vigilancia, control y seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Entre enero y junio de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional realizó 2.416 audiencias virtuales, de las cuales 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.
Para la atención de las vistas virtuales fue necesario destinar 2.775 oficiales a labores de custodia y coordinación.
