Resalta la gravedad de las declaraciones del presidente, que podrían poner en riesgo el país.
La acusación señala que, en sus conferencias de prensa semanales, Chaves ha incitado a un alzamiento en armas para impedir el libre funcionamiento de los poderes del Estado, incluyendo la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.
El delito de instigación pública está penado con prisión de seis meses a cuatro años.
La denuncia también hace referencia al delito de rebelión, castigado con prisión de dos a diez años, por alzamiento en armas para cambiar la Constitución o impedir el ejercicio constitucional de los poderes del Estado.
Entre los firmantes de la denuncia están la diputada independiente Johana Obando, Rocío Ramírez Varela, representante de movimientos sociales, Oscar Aguilar Bulgarelli y miembros del partido Frente Amplio.
Los denunciantes presentaron como pruebas fragmentos de las conferencias de prensa donde presuntamente Chaves incita a la rebelión.
Johana Obando afirmó que no se permitirá que alguien sin conocimiento de la democracia costarricense atente contra la paz y el diálogo pacífico.
