La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, presentó una iniciativa orientada a disminuir el número de asesores de confianza y el contingente de escoltas asignado a los jerarcas del Poder Ejecutivo, con el objetivo de frenar el crecimiento del gasto público.
La legisladora, electa por la provincia de San José para el periodo 2026-2030, planteó que antes de pensar en nuevas cargas para los ciudadanos, el Gobierno debería revisar sus propios gastos operativos y aplicar austeridad dentro de sus estructuras administrativas.
La propuesta de Claudia Dobles
Claudia Dobles sostuvo que una reducción en las plazas de confianza y una revisión de los recursos destinados a la seguridad de altos funcionarios permitiría generar ahorros concretos.
La diputada también señaló que este tipo de medidas enviaría una señal de responsabilidad fiscal desde el propio Ejecutivo, en un contexto en que el país enfrenta desafíos importantes en materia de finanzas públicas.
Reacción del oficialismo
La propuesta generó reacciones inmediatas desde el oficialismo. El subjefe de fracción de Pueblo Soberano, Juan Manuel Quesada, cuestionó los planteamientos de Claudia Dobles y afirmó que responden más a una estrategia política que a una solución real para las finanzas públicas.
Juan Manuel Quesada no fue el único en reaccionar. El debate también incluyó cuestionamientos dirigidos a Claudia Dobles por su rol como primera dama durante la administración de Carlos Alvarado, periodo en el que existieron equipos de asesores vinculados a proyectos impulsados desde su despacho.
El fondo del debate fiscal
La iniciativa de Claudia Dobles reabrió la discusión sobre cómo reducir el gasto estatal y cuáles áreas deberían asumir eventuales medidas de austeridad.
El planteamiento pone sobre la mesa una tensión recurrente en la política costarricense: si las restricciones fiscales deben comenzar por el propio aparato gubernamental antes de trasladarse a los contribuyentes.
Claudia Dobles insistió en que la revisión de plazas de confianza y recursos de seguridad para altos funcionarios es una medida viable y necesaria para demostrar que el Estado está dispuesto a ajustarse antes de exigirle más al ciudadano.
