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El abogado Boris Molina explicó que el principio jurídico “Pacta sunt servanda” estableció que los acuerdos entre partes debían cumplirse.
Detalló que este principio no era absoluto y que ningún contrato podía ejecutarse si contravenía la ley, la Constitución o los derechos humanos.
Para ejemplificarlo, planteó un caso hipotético de un contrato con condiciones abusivas, señalando que aunque existiera firma de ambas partes, no tendría validez por ser contrario al ordenamiento jurídico.
Molina indicó que los acuerdos debían ajustarse al bloque de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad, enfatizando que los derechos humanos ocupaban el nivel más alto dentro de la jerarquía normativa.
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