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El candidato presidencial de Unión Costarricense Democrática, Boris Molina, puso en duda la propuesta del Gobierno de recurrir al Estado de Excepción como medida para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
Molina señaló que las declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, evidenciaron confusión sobre el alcance real de esta figura constitucional. Afirmó que durante un debate quedó claro que no se dimensionaban sus implicaciones legales y sociales.
El aspirante indicó que un Estado de Excepción conllevaba la suspensión temporal de garantías individuales, lo que afectaría directamente a la población civil, al limitar derechos como la libre circulación y la libertad de expresión.
Además, recordó que la Constitución Política establecía de forma explícita qué derechos podían suspenderse y por cuánto tiempo, por lo que consideró peligroso plantear esta medida sin un análisis riguroso.
Molina advirtió que, históricamente, los Estados de Excepción habían sido utilizados en regímenes autoritarios como mecanismo para concentrar poder y silenciar voces críticas, lo que, a su criterio, debía generar alerta en Costa Rica.
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