El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, declaró que Alemania no debería procesar penalmente a los sospechosos de la explosión de los gasoductos Nord Stream, ocurrida en septiembre de 2022.
«Alemania ciertamente no debería procesar a quienes, en una situación en la que su país ha sido atacado, toman una u otra acción»
«No cambiaré de opinión aquí, y creo que quienes construyeron este gasoducto deberían avergonzarse, no quienes lo inutilizaron»
Las declaraciones de Tusk se produjeron tras el arresto el 19 de agosto de 2026 en Croacia de un segundo sospechoso ucraniano, identificado como Vladimir Z., bajo una orden de detención europea emitida por Alemania.
El sospechoso fue detenido en la ciudad de Pula mientras participaba en el rodaje de una película sobre el tema, según reportes de prensa.
Posición histórica de Polonia contra el Nord Stream
Polonia se opuso consistentemente al proyecto Nord Stream 2, argumentando que aumentaba la dependencia europea del gas ruso y representaba una amenaza a la seguridad energética del continente.
Tusk también se refirió al cambio de postura de Alemania respecto al gasoducto: «Alemania tenía una opinión diferente en ese momento. Cambiaron de opinión, pero demasiado tarde».
El primer ministro polaco ya había expresado posiciones similares desde 2024, cuando sugirió que los «creadores y patrocinadores» del Nord Stream deberían «pedir disculpas y callarse».
Contexto del sabotaje y las investigaciones
Las explosiones dañaron tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, construidos para transportar gas ruso directamente a Alemania, evitando Polonia y Ucrania.
Las investigaciones de Dinamarca, Suecia y Alemania clasificaron el hecho como sabotaje deliberado, aunque no se ha confirmado oficialmente la autoría del ataque.
Alemania ha emitido órdenes de detención europeas contra al menos dos sospechosos ucranianos: uno detenido en Italia en 2025 y otro en Croacia en agosto de 2026.
Los sospechosos ucranianos niegan participación en el sabotaje, y el Gobierno de Ucrania niega cualquier implicación estatal oficial en el hecho.
