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El abogado Boris Molina afirmó que la eventual venta del Banco de Costa Rica o de cualquier otra institución autónoma sí es viable desde el punto de vista jurídico. Señaló que los artículos 189 y 190 de la Constitución Política lo permiten, aunque establecen condiciones claras que deben cumplirse.
Molina explicó que el inciso c del artículo 189 exige una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa. Indicó que se necesitaría una ley especial que autorice expresamente la venta de la institución.
También detalló que el procedimiento tendría que definirse con precisión. Mencionó que podrían contemplarse mecanismos como subasta, licitación o la creación de una sociedad para vender acciones a distintos oferentes, pero subrayó que el esquema tendría que establecerse por ley y ajustarse a criterios técnicos.
Añadió que, independientemente del modelo que se adopte, la entidad resultante seguiría bajo supervisión de órganos fiscalizadores como la SUGEF, la SUGEVAL y el Banco Central.
El jurista reconoció que el tema generará una fuerte polémica política y social en el próximo gobierno. Afirmó que, aunque jurídicamente es posible, lo legal no puede separarse del debate político ni del impacto social que implicaría una decisión de esa magnitud.
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