El abogado Boris Molina explicó que una persona extranjera que realiza trabajo doméstico debe recibir salario, ya que no pagarle constituye una violación a los derechos humanos.
Señaló que brindar únicamente comida y alojamiento no sustituye el pago correspondiente por el servicio prestado, ni exime al empleador de sus obligaciones laborales.
Indicó que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la dignidad, a la integridad y al salario.
Detalló que las personas en condición migratoria irregular no deben recibir un trato discriminatorio, ya que su situación es de carácter administrativo y no laboral.
Advirtió que quienes contratan este tipo de servicios deben cumplir con el pago del salario y garantizar la seguridad social conforme a la ley.
Reiteró que negar estos derechos representa una violación a las normas constitucionales y laborales vigentes en el país.
