La Sala Constitucional otorgó tres días al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, para que explique por qué no se ha concretado el nombramiento de Rocío Alfaro como representante del movimiento sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El tribunal advirtió sobre posibles consecuencias si se determina que hubo desobediencia a sus resoluciones.
El conflicto inició cuando el Consejo de Gobierno rechazó la designación de la exdiputada del Frente Amplio.
La Sala IV anuló posteriormente esa decisión y ordenó tramitar el nombramiento, pero la falta de avance llevó al tribunal a exigir explicaciones.
Rocío Alfaro reclama que se concrete su designación
Rocío Alfaro es una figura vinculada a la izquierda costarricense y sus posiciones ideológicas han generado fuertes debates políticos.
En 2023, durante una discusión legislativa sobre el proyecto Menstruación y Justicia, afirmó que «hay hombres que menstrúan», en referencia a hombres trans que conservan los órganos reproductivos necesarios para menstruar.
La declaración provocó críticas de sectores que cuestionan las posiciones del Frente Amplio en materia de género.
Desde sectores del oficialismo también se han planteado cuestionamientos sobre la vinculación política de Rocío Alfaro y posibles conflictos de interés relacionados con familiares que trabajan en la CCSS.
Estos señalamientos forman parte de la disputa política que rodea su designación, aunque deben distinguirse de los hechos establecidos por las resoluciones judiciales.
Debate sobre el respeto a los fallos constitucionales
El caso se desarrolla en medio del debate sobre el respeto a los fallos de la Sala Constitucional.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, cuestionó la legitimidad de determinados magistrados suplentes y manifestó que el oficialismo no acataría sus resoluciones.
Sus declaraciones alimentaron la discusión sobre el alcance de las decisiones judiciales y la relación entre los poderes del Estado.
La atención se centra ahora en la respuesta que presente Rodrigo Chaves Robles y en las eventuales medidas que pueda adoptar la Sala IV.
Mientras Rocío Alfaro reclama que se concrete su nombramiento, la controversia mantiene abierto un enfrentamiento que combina diferencias ideológicas, representación sindical y el cumplimiento de las resoluciones constitucionales en una de las instituciones públicas más importantes del país.
