La Sala Constitucional dio curso al recurso de hábeas corpus presentado por el defensor de derechos humanos Janekeith Durán Barberena, tras la detención de un hombre en el marco de una investigación relacionada con presuntos vínculos con la organización Hamás, según lo alegado en el expediente.
Como parte de la resolución, los magistrados ordenaron a las autoridades que la persona detenida no abandone el territorio nacional, salvo que lo haga de forma libre y voluntaria, con asesoría legal y con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas.
La medida, de carácter cautelar, se enmarca dentro del trámite del hábeas corpus y se mantiene mientras la Sala analiza el fondo del recurso.
El expediente, tramitado bajo el número 26-022428-0007-CO, también ordena a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) rendir un informe en un plazo de tres días naturales sobre los hechos cuestionados.
El recurso plantea dudas sobre la legalidad de la detención, así como sobre aspectos como la identidad completa del detenido, su ubicación, las condiciones de su custodia y el acceso efectivo a defensa técnica y comunicación con familiares.
Según la información incluida en el expediente, el hombre detenido sería de apellido Abuawad, originario de Cisjordania —territorio palestino ocupado—. No obstante, esos extremos forman parte de lo alegado en el recurso y no constituyen una determinación de la Sala sobre la identidad, antecedentes o eventuales vínculos de la persona.
Además, se indica en el escrito que habría ingresado al país hace aproximadamente un año para reunirse con familiares residentes en Costa Rica.
La Sala advirtió que los informes solicitados se rinden bajo juramento, por lo que cualquier omisión o falsedad podría acarrear responsabilidades penales, e incluso la falta de respuesta podría dar lugar a tener por ciertos los hechos alegados en el recurso.
El tribunal también dejó abierta la posibilidad de dictar medidas adicionales para proteger los derechos fundamentales de la persona detenida mientras se resuelve el caso.
Este proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos públicos sobre la falta de información oficial del caso, tras el anuncio del Gobierno sobre la captura de una persona en el contexto de una investigación de seguridad nacional.
