El activista y defensor de derechos humanos Janekeith Orliden Durán Barberena presentó un recurso de amparo contra la Presidencia de la República tras calificar como “omisa e incompleta” la respuesta a una solicitud de información pública sobre las pruebas de polígrafo realizadas a altos funcionarios del Gobierno.
En declaraciones exclusivas a Acontecer.co.cr, Durán explicó que el pasado 9 de junio solicitó información detallada sobre el proceso de contratación, costos, financiamiento y ejecución de estas pruebas. Sin embargo, el 22 de junio recibió una respuesta que, según afirma, no cumple con los estándares constitucionales de acceso a la información.
El tema ha generado atención luego de que siete jerarcas fueran destituidos tras reprobar las pruebas de polígrafo, y que la presidenta Laura Fernández ordenara abrir investigaciones en su contra.
De acuerdo con el activista, la Presidencia se limitó a indicar que las pruebas fueron realizadas por la empresa privada IPSC, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), sin aportar documentación clave.
Entre los principales vacíos señalados por Durán destacan:
No se entregó ningún contrato, orden de servicio ni documentación de contratación pública. No se informó el costo de las pruebas ni el origen del presupuesto utilizado. No se aclaró si el equipo utilizado pertenece al Estado ni si las pruebas se realizaron en instalaciones públicas. No se suministraron los informes completos de resultados, preguntas ni respuestas de las evaluaciones.
Durán indicó que el recurso de amparo se fundamenta en tres ejes principales: una respuesta incompleta que violaría el derecho de acceso a la información pública, la supuesta inaplicabilidad de la confidencialidad invocada por la Presidencia y la ausencia de un decreto ejecutivo que declare la información como secreto de Estado.
Además, el recurso incluye una solicitud de medida cautelar para evitar que la información relacionada con estas pruebas sea destruida, alterada o clasificada de forma retroactiva mientras la Sala Constitucional resuelve el caso.
Las pruebas de polígrafo, según detalló, han sido aplicadas a figuras como el ministro de Justicia y Paz, el ministro de Comunicación y Enlace, el director interino del OIJ, Michael Soto, y el director de Inteligencia y Seguridad.
Durán es el mismo activista que días atrás presentó un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional por la detención de un hombre en Costa Rica presuntamente vinculado con el grupo Hamás.
