Rafael Ángel García, presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, lanzó una denuncia contundente contra el Estado y el Ministerio de Justicia, al que acusó de haberse convertido, en los últimos seis meses, en un «Estado torturador» que viola los derechos humanos y fundamentales de los aproximadamente 9.000 privados de libertad bajo custodia estatal.
La denuncia apunta directamente a las directrices emanadas desde el Ministerio de Justicia, las cuales, según Rafael Ángel García, no protegen sino que vulneran los derechos más básicos de la población reclusa.
La restricción de alimentos: el centro de la denuncia
El foco principal de la acusación recae sobre la calidad, la cantidad y el acceso a los alimentos dentro del sistema penitenciario costarricense.
Rafael Ángel García denunció que la ración de comida que reciben los privados de libertad es de mala calidad e insuficiente en cantidad, situación que obliga a los reclusos a pasar horas sin comer hasta el siguiente turno de alimentación.
«El Estado, en lugar de ser un Estado protector de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, se convierte en un Estado torturador que violenta esos derechos», sentenció Rafael Ángel García.
A esta situación se suma, según la denuncia, una medida adicional que agrava el panorama: la prohibición a las familias de llevar alimentos a sus familiares reclusos durante los días de entre semana.
Bajo la nueva disposición, únicamente se permite que los familiares lleven dos tasas de comida durante el día de visita, sin que exista ninguna otra posibilidad de suplementar la alimentación oficial durante el resto de la semana.
«Doble condena» para quienes ya fueron sentenciados
Rafael Ángel García argumentó que las políticas actuales del Ministerio de Justicia equivalen a imponer una segunda pena sobre personas que ya recibieron una condena judicial.
«Cuando llega al sistema penitenciario, recibe una doble condena, a través de una tortura física y psicológica que está practicando un gobierno a través de la cartera del Ministerio de Justicia», advirtió Rafael Ángel García.
Según la denuncia, esta doble condena opera en dos dimensiones: la física, representada por el hambre sostenida durante horas; y la psicológica, provocada por la incertidumbre sobre si la próxima ración de comida será suficiente.
Rafael Ángel García recalcó que si el Estado garantizara una alimentación de buena calidad y en cantidad suficiente, la restricción de las encomiendas podría ser una medida comprensible. Sin embargo, sostuvo que ocurre exactamente lo contrario.
Crítica a gobiernos saliente y entrante
La denuncia no se limitó a señalar a una sola administración. Rafael Ángel García apuntó tanto al gobierno saliente como al gobierno entrante, a los que acusó de compartir la misma disposición frente a los derechos de los privados de libertad.
«Definitivamente el gobierno saliente y el gobierno entrante vienen con la misma disposición de violentar los derechos humanos y los derechos fundamentales de la población privada de libertad», sentenció Rafael Ángel García.
Rafael Ángel García rechazó la narrativa oficial de «mano dura» que, según dijo, subyace a estas medidas, y advirtió que prohibir el ingreso de alimentos y reducir las raciones no constituye una política de seguridad sino una forma de castigo extrajudicial.
Asimismo, advirtió que estas implementaciones resultan incompatibles con el objetivo de la rehabilitación, uno de los principios constitucionales que debe regir el sistema penitenciario costarricense.
«Estas implementaciones no vienen a ayudar en nada a que el Estado costarricense pueda ser un Estado rehabilitador y no violador de los derechos fundamentales de la población privada de libertad», recalcó Rafael Ángel García.
