La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la noche del lunes una rebaja de ₡8.048.128.252 al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027.
La decisión se concretó mediante una moción de revisión que revirtió el rechazo inicial ocurrido durante la sesión de la mañana.
El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta Jaén, presentó la propuesta que traslada recursos universitarios al Ministerio de Educación Pública (MEP).
El objetivo es atender contribuciones patronales destinadas a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
«La moción 16 modifica el proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027», precisó Nogui Acosta Jaén, presidente de la comisión.
El expediente se tramita bajo el número 25.754.
Votación rechazada y posteriormente revertida
Durante la mañana, la propuesta recibió cinco votos a favor y seis en contra.
La diputada oficialista Kattia María Ulate Alvarado se sumó a los cinco legisladores opositores, lo que impidió alcanzar la mayoría necesaria.
Tras la votación, Kattia María Ulate Alvarado reconoció públicamente que se había equivocado al emitir su voto y reafirmó su respaldo a la bancada oficialista.
Nogui Acosta Jaén anunció que utilizarían el mecanismo de revisión para intentar modificar el resultado.
El presidente de la comisión prolongó la sesión nocturna y modificó el orden previsto para conocer las mociones de revisión.
La oposición cuestionó la prolongación de la jornada y el cambio en la organización del debate.
A las 10:07 p. m., el oficialismo logró aprobar la revisión y posteriormente la moción de recorte, ambas con el respaldo de sus seis representantes.
Los tres integrantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y los dos del Frente Amplio (FA) votaron en contra.
Impacto en las universidades públicas
La rebaja corresponde a recursos del FEES cuya transferencia se había postergado y que formaban parte de un acuerdo alcanzado el 20 de noviembre de 2025.
El acuerdo fue suscrito entre representantes del Poder Ejecutivo y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) en la Comisión de Enlace.
La medida representa aproximadamente ₡1.899 millones menos para cada una de cuatro universidades: la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Para la Universidad Técnica Nacional (UTN), la reducción ronda los ₡448 millones.
Los rectores de las universidades públicas advirtieron que las reducciones propuestas afectarían la oferta académica, los cupos de nuevo ingreso y el funcionamiento de distintas sedes regionales.
Entre las consecuencias señaladas figuran dificultades para abrir nuevas carreras y mantener servicios educativos fuera de la Gran Área Metropolitana.
Otras mociones contra la educación superior
La moción aprobada se suma a otras dos propuestas del oficialismo que también buscan reducir asignaciones a la educación superior.
La moción 104 propone rebajar ₡8.918 millones adicionales de los gastos operativos de cuatro universidades estatales.
La moción 105 plantea retirar recursos destinados a actividades académicas organizadas por la UCR mediante un convenio con el MEP, entre ellas ferias y olimpiadas de matemáticas.
La aprobación de la moción 16 no implica que esas otras iniciativas también hayan sido aprobadas.
Marcha nacional en rechazo a los recortes
La decisión ocurrió en vísperas de una marcha nacional convocada para este martes 20 de octubre por universidades, organizaciones estudiantiles y sindicatos.
Cientos de estudiantes, profesores, trabajadores universitarios y representantes sindicales se manifestaron en rechazo a los recortes presupuestarios.
La movilización, denominada «Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación», comenzó pasadas las 9:30 a. m. en la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca.
Los participantes avanzaron hacia la Asamblea Legislativa, en el centro de San José.
El rector de la Universidad Nacional y presidente de Conare, Jorge Herrera Murillo, explicó que el movimiento busca proteger el acceso a la educación superior.
«Será una marcha para defender las oportunidades y posibilidades de quienes viven en las distintas regiones del país para que puedan tener acceso a la educación superior»
El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) también se sumó a la protesta y cuestionó las políticas presupuestarias de los gobiernos de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado.
La Universidad de Costa Rica autorizó a estudiantes, docentes y funcionarios administrativos a participar en la movilización.
La institución dispuso la suspensión de evaluaciones académicas entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con su respectiva reprogramación.
Otros movimientos aprobados al presupuesto
Además de la rebaja al FEES, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó entre el viernes 16 y el lunes 19 de octubre otras seis mociones que modifican las asignaciones previstas.
La moción 10 traslada ₡52.701.043.899 de la amortización de deuda pública interna al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El dinero se incorporaría al programa de atención de infraestructura vial para financiar la adjudicación del diseño y construcción del tramo central de la ruta nacional 35, correspondiente a la carretera a San Carlos.
La moción 17 establece movimientos presupuestarios por ₡8.380.992.458.
De esa suma, ₡4.190.496.229 se asignarían al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer los servicios de seguridad fronteriza, aérea y marítima.
Una cantidad idéntica permanecería destinada al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante un cambio en su fuente de financiamiento.
El desglose de recursos humanos de la moción contempla 262 puestos policiales, distribuidos entre agentes, suboficiales, guardacostas, pilotos y otros cargos especializados.
La comisión también aprobó dos mociones que trasladan en conjunto ₡1.919.914.665 del presupuesto de la Asamblea Legislativa al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Los recursos financiarían el déficit del Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones que administra la CCSS.
La reducción de ₡8.048 millones aprobada en comisión todavía debe superar el trámite del presupuesto nacional en el Plenario Legislativo antes de quedar definitivamente incorporada al plan de gastos de 2027.
