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Un nuevo proyecto de ley fue presentado por la diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, con el objetivo de reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos mediante su control, prohibición y sustitución, promoviendo así la agricultura sostenible en Costa Rica.
En el artículo 3 del proyecto de ley se establece una lista de 16 ingredientes activos cuyo uso en plaguicidas quedaría prohibido.
Se prohíbe el registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de los ingredientes activos grado técnico o plaguicidas sintéticos formulados, que contengan los siguientes ingredientes activos: a) Alachlor b) Aldicarb c) Bromacil d) Bromuro de metilo e) Carbofurán f) Carbosulfán g) Clorotalonil h) Dimetoato i) Endosulfán j) Estreptomicina k) Fipronil l) Gentamicina m) Glifosato n) Kasugamicina o) Oxitetraciclina p) Paraqua
El proyecto lleva el expediente N.º 23783 y también otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de incluir, vía decreto ejecutivo, otros productos en la lista de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en Costa Rica.
Otros plaguicidas que hayan sido declarados altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) u otra autoridad competente internacional,deberán ser evaluados por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministerio de Salud (MS) para regular su uso.
Los plaguicidas altamente peligrosos que se haya determinado que deben permanecer en uso, se les impondrá medidas de restricción que tomen en cuenta: las distancias respecto a centros de población, plantaciones con cultivos sensibles, vías de comunicación, equipos de aplicación a utilizar, dosis y frecuencias de aplicación, y otras medidas similares.
Además el proyecto propone que el Estado costarricense, en coordinación con las instituciones del sector agrícola y agroexportador, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), centros de investigación de las universidades públicas y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), impulse la investigación, el desarrollo y la asistencia técnica para la agricultura sostenible.
Las empresas que produzcan alternativas no químicas a los plaguicidas también se verían beneficiadas con una reducción del pago sobre el impuesto de la renta por hasta 5 años.
Según datos de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el uso promedio de plaguicidas en Costa Rica es, significativamente, mayor al de los países OCDE de América, pero también que otros países de este continente con similares condiciones agrícolas.
En una reciente sentencia de la Sala Constitucional, se ordenó la prohibición de un fungicida dañino para la salud, debido a la contaminación que sufrió la comunidad de Cipreses de Oreamuno, Cartago.
“Propusimos este proyecto de ley porque el país debe buscar coherencia entre su trayectoria ambiental, su orientación agroexportadora, su competitividad, y el bienestar de las poblaciones rurales más expuestas al uso excesivo de plaguicidas peligrosos”, comentó la diputada Kattia Cambronero, proponente de la legislación.
“La ONU felicita y reconoce a los diputados de la Asamblea Legislativa por el impulso de este proyecto para prohibir los pesticidas altamente peligrosos pues son una gran amenaza para la salud humana y el ambiente. Instamos a todas las fracciones legislativas, diputados y diputadas a respaldarlo y aprobarlo cuanto antes”, destacó Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica.
La propuesta también ha recibido el apoyo de diputaciones de los partidos Liberal Progresista, Liberación Nacional, entre otros.
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