Las presidentas de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones firmaron una declaratoria conjunta en la que reivindicaron la separación de poderes y condenaron la violencia política contra las mujeres.
El documento fue calificado como el inicio de una nueva etapa frente a los desafíos que enfrenta el país.
Las jerarcas destacaron que, por primera vez en la historia, cuatro mujeres presiden simultáneamente los Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Ese hecho ocurre 77 años después de que la Constitución de 1949 reconociera a las mujeres el derecho al sufragio, ejercido por primera vez en 1950.
En el texto, las firmantes reivindicaron la independencia institucional, la libertad de prensa y expresión, y el respeto al Estado de Derecho.
La declaratoria advierte que la violencia política, en particular la ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, lesiona a las personas y debilita a las instituciones.
También aleja a la ciudadanía de la vida pública, según el documento.
Compromisos frente al crimen organizado
Las jerarcas se comprometieron a impulsar una respuesta del Estado frente al delito que sea oportuna, eficaz y basada en evidencia.
Esa respuesta abarca desde la prevención de la violencia hasta la investigación, la persecución penal y la atención de las víctimas.
Para ello, promoverán leyes, políticas y servicios articulados entre las instituciones, conforme a sus respectivas competencias.
El documento también plantea reforzar la protección de quienes enfrentan amenazas contra su vida o integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas.
Espacio de interlocución periódico
Las presidentas acordaron promover un espacio periódico de interlocución y trabajo coordinado entre las presidencias, de carácter consultivo y de cooperación.
Sus conclusiones serán valoradas por cada institución conforme a sus competencias y a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Los resultados se informarán a la ciudadanía, de acuerdo con el principio de rendición de cuentas.
La declaratoria también compromete a observar las reglas del marco jurídico relacionadas con el proceso electoral municipal de 2028.
El objetivo es que Costa Rica siga siendo reconocida nacional e internacionalmente como una democracia plena.









