El Poder Judicial reforzó la seguridad de sus instalaciones y de su personal mediante la instalación de sistemas de vigilancia, mejoras en edificios y capacitaciones específicas para enfrentar posibles ataques.
Las acciones responden al incremento de amenazas asociadas al crimen organizado y a la violencia que afecta al país.
Las medidas buscan proteger tanto en los centros de trabajo como en la vida cotidiana de los funcionarios judiciales.
El contexto incluye detenciones recientes de personal judicial investigado por presunta colaboración con bandas criminales, lo que motivó revisiones adicionales de protocolos de medidas cautelares.
Corte Plena ordena revisar medidas cautelares
La Corte Plena otorgó 15 días a las salas para proponer cambios en las reglas de medidas cautelares, priorizando casos de crimen organizado y corrupción.
La institución también analiza priorizar la tramitación de expedientes contra funcionarios judiciales investigados por irregularidades.
Las detenciones recientes de personal judicial investigado por presunta colaboración con bandas criminales motivaron las revisiones adicionales de protocolos.
