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Pilar Cisneros advierte vacío legal en extradición de diputados y ministros

Exdiputada urge reforma para que el fuero no permita la fuga de altos funcionarios requeridos por narcotráfico

Pilar Cisneros Gallo, exdiputada de Costa Rica, durante una intervención sobre el vacío legal en la extradición de funcionarios con fuero

Fuente: Archivo Acontecer | Credito: Archivo Acontecer · revisar crédito original | https://acontecer.co.cr/nacionales/pilar-cisneros-culpa-rodrigo-chaves-escuela-limon/

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La exdiputada Pilar Cisneros Gallo advirtió que Costa Rica carece de un mecanismo legal para extraditar a diputados, magistrados o ministros requeridos por narcotráfico o terrorismo.

La reforma constitucional que habilitó la extradición de costarricenses no contempla cómo proceder cuando el solicitado goza de fuero de procedibilidad.

«Vea, interesante pregunta y yo creo que lo que hay es un vacío legal definitivamente, porque ni la norma constitucional que aprobamos nosotros en la Asamblea ni la reforma legal contempla esa posibilidad»

Pilar Cisneros GalloDeclaración recogida en esta nota

El riesgo identificado es que un país extranjero puede presentar la solicitud formal, pero las autoridades judiciales no pueden ordenar la captura inmediata.

Antes se requiere que la Asamblea Legislativa levante el fuero y autorice la detención con fines de extradición.

Ese trámite parlamentario daría margen suficiente para que la persona requerida abandone el territorio nacional.

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Llamado a reforma urgente

Pilar Cisneros Gallo instó a los actuales diputados o al Poder Ejecutivo a impulsar un proyecto de ley que corrija la omisión normativa.

«Ya tenemos que ponernos realmente, ojalá lo más urgentemente posible, a crear las condiciones legales para habilitar eso», insistió la exlegisladora.

El debate cobra relevancia en una nueva etapa de aplicación de la extradición, bajo la cual el país ya ha procesado al menos a seis costarricenses.

Advertencia del fiscal general

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió que las investigaciones contra el crimen organizado también apuntan hacia los denominados «narcotraficantes invisibles» y funcionarios públicos corruptos.

Carlo Díaz subrayó que si un servidor público está vinculado directamente con el tráfico de drogas o colabora a sabiendas con estructuras criminales, se convertirá en objetivo de persecución penal.

Pilar Cisneros Gallo insistió en que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deben anticiparse y definir las reglas procesales.

El objetivo es evitar que una eventual solicitud internacional contra un jerarca quede paralizada por el fuero constitucional.

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