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El activista y comunicador Erick Sojo Marín interpuso un oficio ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para exigir la eliminación de los datos personales de ciudadanos publicados en el portal oficial de la institución, alegando que su disponibilidad viola la privacidad y expone a la población a riesgos de seguridad en un contexto de creciente ciberdelincuencia.
Fundamentos legales y riesgos
Mediante el documento STSE-0233-2025, Sojo Marín sostiene que la publicación de información personal —como nombres, cédulas y direcciones— en el sitio web del TSE contraviene la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley N° 8968) y los artículos 24 y 28 de la Constitución Política, que garantizan el derecho a la intimidad y la autodeterminación informativa.
El activista advirtió que la exposición facilita su uso por parte de actores malintencionados, incluidos grupos criminales: “Cualquier persona, incluso desde centros penales o fuera del país, puede acceder a datos sensibles de jueces, magistrados, diputados y ciudadanos comunes, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias”, señaló en el escrito.
Solicitudes concretas
Sojo Marín urgió al TSE a eliminar “de inmediato” el acceso público a estos registros y restringir su consulta únicamente a autoridades competentes, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. Subrayó que, aunque el Tribunal tiene la facultad de administrar el padrón electoral, esto no justifica la publicación irrestricta de información personal en plataformas digitales.
Contexto institucional y debate
La petición reaviva el debate sobre el equilibrio entre transparencia y protección de datos en instituciones públicas. Costa Rica cuenta desde 2011 con la Ley 8968, que obliga a entidades estatales a resguardar la información personal y evitar su divulgación sin consentimiento. Sin embargo, organismos como el TSE históricamente han publicado datos para garantizar acceso a servicios electorales, una práctica ahora cuestionada.
Hasta el momento, el TSE no se ha pronunciado sobre el oficio. No obstante, el caso podría sentar un precedente en cómo las instituciones manejan información sensible en la era digital, especialmente tras el aumento de suplantaciones de identidad, fraudes y extorsiones vinculadas a filtraciones de datos.
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