El Partido Vanguardia Popular (PVP) cuestionó la orientación que atribuyó al régimen Chaves-Fernández por presentar la construcción acelerada del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) como símbolo de eficiencia gubernamental.
La agrupación política contrastó esa celeridad con los atrasos acumulados en infraestructura hospitalaria indispensable para la salud y la vida de la población costarricense.
El CACCO fue construido con una inversión aproximada de ¢21 mil millones y tendrá capacidad para 5.100 personas privadas de libertad, distribuida en cinco módulos de alta seguridad.
En contraste, el nuevo Hospital de Cartago, necesario para atender a más de 500 mil personas, apenas colocaría su primera piedra en junio de 2027.
La obra hospitalaria contempla una inversión aproximada de ¢208 mil millones, 457 camas y 10 quirófanos, con una posible finalización hasta el segundo semestre de 2030.
«¿Por qué para una cárcel existe semejante sentido de urgencia y para un hospital que puede salvar miles de vidas debemos esperar años?»
Crítica al debilitamiento del Estado Social
El PVP señaló que durante décadas, sucesivos gobiernos han debilitado el Estado Social y abandonado el desarrollo productivo nacional.
La agrupación sostuvo que la reducción de la prioridad presupuestaria en áreas fundamentales ha generado condiciones de desigualdad y exclusión.
«La pobreza no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Pero la desigualdad, la exclusión y la ausencia de oportunidades crean espacios que el narcotráfico y el crimen organizado aprovechan para reclutar jóvenes»
Rechazo al Estado punitivo
El Partido Vanguardia Popular rechazó que el Estado sea sustituido progresivamente por un Estado punitivo.
La agrupación reconoció que Costa Rica necesita combatir al crimen organizado, pero también impedir que nuevas generaciones sean abandonadas.
«El PVP rechaza que el Estado sea sustituido progresivamente por un Estado punitivo», reiteró la organización política.
El pronunciamiento concluyó con una advertencia sobre el riesgo de que el Estado reciba a las nuevas generaciones únicamente cuando llega el momento de encerrarlas.
