Oficialismo bloquea avance en elección de suplentes de la Sala IV y agrava rezago judicial
La elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional continúa estancada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en medio de cuestionamientos hacia la fracción oficialista por su papel en las votaciones fallidas.
Desde diciembre de 2025, la Sala IV carece de suplentes, lo que ya impacta el funcionamiento del órgano, con decenas de expedientes sin poder resolverse ante la eventual ausencia de magistrados propietarios.
Votos divididos y salidas del plenario
En las cuatro rondas realizadas hasta ahora, diputados del oficialismo —incluida Pilar Cisneros— han optado por respaldar aspirantes fuera de la lista recomendada por la Comisión de Nombramientos. En otros casos, legisladores han abandonado el plenario durante las votaciones, reduciendo las posibilidades de alcanzar los votos necesarios.
Este comportamiento ha contrastado con el de otras bancadas como Partido Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiana y Frente Amplio, que en su mayoría han apoyado a los candidatos previamente recomendados.
Críticas por falta de acuerdos
Desde el Congreso han surgido señalamientos de que esta dinámica responde a una estrategia para impedir los nombramientos. La diputada Alejandra Larios Trejos advirtió sobre la urgencia de completar estas designaciones, mientras que otras legisladoras han cuestionado el impacto que la falta de consensos está teniendo en el sistema judicial.
Incluso se han planteado medidas para sancionar a quienes se ausenten de las votaciones, en un intento por evitar que se repitan escenarios donde no se logra el quórum efectivo.
Proceso contra el tiempo
Ante la falta de resultados, el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, optó por pausar temporalmente las votaciones, con el fin de propiciar mayor participación en futuras sesiones.
El Congreso tiene hasta el 28 de abril para resolver este proceso. De no hacerlo, la responsabilidad pasará a la próxima Asamblea, dejando pendiente un tema clave para el funcionamiento de la justicia constitucional del país.
