El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, el diputado Nogui Acosta, anunció este jueves durante una reunión de jefes de fracción que su bancada oficialista presentará una moción formal para devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de candidatos al cargo de magistrados suplentes.
«Hoy por hoy Pueblo Soberano no vota por ninguno de los que están ahí», sentenció Nogui Acosta, diputado por San José y jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano.
Nogui Acosta fue contundente al señalar que, independientemente de cuántas fechas adicionales de votación se programen, la bancada oficialista continuará emitiendo votos en blanco.
Ante esa postura inamovible, Nogui Acosta anunció la siguiente acción concreta de su fracción.
«Nosotros tenemos interés en presentar una moción para devolver la nómina a la Corte», afirmó Nogui Acosta.
Oposición califica la medida de ilegal e inconstitucional
Las declaraciones del jefe de fracción oficialista generaron una reacción inmediata y enérgica de los diputados de oposición reunidos en ese mismo espacio.
Los jefes de fracción de los partidos de oposición aseguraron que la decisión de Pueblo Soberano es ilegal, inconstitucional y expone a la Asamblea Legislativa a ser señalada por incumplimiento de deberes.
Ante el entrampamiento, los bloques opositores solicitaron agendar una nueva fecha de votación, la cual quedó programada para el próximo miércoles.
También se discutió como alternativa devolver la nómina a comisión; no obstante, esta opción tampoco encaja con la postura de Pueblo Soberano, que insiste en que no respaldará a ninguna de las candidaturas de la lista vigente.
Proceso de nombramiento bloqueado
La posición del oficialismo deja el proceso de nombramiento de magistrados suplentes en un punto muerto.
Nogui Acosta reiteró que la intención de Pueblo Soberano es iniciar el procedimiento desde cero, lo que implicaría que la Corte Suprema elabore y remita una nueva nómina a la Asamblea Legislativa.
La oposición, en cambio, advierte que forzar una devolución de la lista podría tener consecuencias legales y constitucionales para el Parlamento, agudizando el choque entre el bloque de gobierno y el resto de las fracciones legislativas.
