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La presidenta electa Laura Fernández presentó una propuesta para modificar el sistema de nombramiento de magistrados, estableciendo un plazo máximo de 10 años en el cargo. La iniciativa fue incluida dentro de sus compromisos de Gobierno.
El planteamiento también buscó reforzar la independencia de la Sala Constitucional, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, con el fin de separar su funcionamiento de la Corte Plena.
Especialistas consultados señalaron que limitar los periodos podría reducir presiones políticas y fortalecer la credibilidad del sistema judicial. Algunos coincidieron en que eliminar la reelección ayudaría a garantizar mayor imparcialidad.
Las eventuales reformas requerirían el respaldo de 38 votos en la Asamblea Legislativa, aunque sectores de oposición ya manifestaron reservas ante posibles cambios estructurales.
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