La presidenta electa garantiza que las garantías constitucionales permanecerán intactas, pero apunta a cortar el vínculo entre presos y redes criminales desde las cárceles
La seguridad ciudadana en Costa Rica tomó un nuevo rumbo esta semana. La presidenta electa Laura Fernández confirmó, en una entrevista con DW Noticias, que su administración adoptará aspectos del modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque con adaptaciones que, según aseguró, preservarán el marco jurídico y los derechos fundamentales de la población costarricense.
Desconectar a los líderes criminales desde prisión, la prioridad central
Fernández identificó como el objetivo principal de su estrategia carcelaria la ruptura del vínculo entre los cabecillas de organizaciones criminales y el exterior. Según señaló, en la actualidad personas condenadas por narcotráfico y crimen organizado continuaban operando sus redes desde dentro de los centros penitenciarios costarricenses, ante la ausencia de controles efectivos que lo impidieran.
“Quiero copiar esa parte de cómo lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior”, afirmó la mandataria entrante, quien asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo del 2026.
El referente que citó fue la megacárcel CECOT, el centro de confinamiento máximo en El Salvador donde el gobierno de Bukele recluye a miles de presuntos pandilleros bajo condiciones de aislamiento estricto.
Ese modelo fue señalado por Fernández como un ejemplo de cómo una infraestructura penitenciaria robusta logró desarticular estructuras criminales que antes operaban con relativa libertad desde prisión.
Costa Rica no replicará arrestos sin respaldo judicial
Ante las consultas sobre posibles violaciones a derechos humanos —señalamiento que diversas organizaciones internacionales han dirigido contra el modelo salvadoreño—, Fernández fue categórica: no se promoverán detenciones sin sustento judicial.
“Yo no estoy diciendo acá que nosotros vayamos a promover los arrestos de personas que no tengan antecedentes judiciales”, respondió, subrayando que las garantías legales y constitucionales de Costa Rica permanecerán vigentes bajo su administración.
Sin embargo, la mandataria electa aprovechó el espacio para cuestionar lo que describió como un desequilibrio en la atención que organismos internacionales dedican a los derechos de los imputados frente a los de las víctimas.
Citó como ejemplo concreto el caso de familiares de personas asesinadas que deben financiar de su propio bolsillo la representación legal, mientras que los acusados reciben asistencia jurídica estatal. Para Fernández, esa asimetría refleja una tendencia progresista que, en su criterio, ha desbalanceado el sistema costarricense en detrimento de las víctimas.
El contexto: un país que enfrenta presiones crecientes del crimen organizado
Costa Rica ha experimentado en los últimos años un deterioro sostenido en sus indicadores de seguridad. La tasa de homicidios alcanzó niveles históricos en 2023 y 2024, impulsada en gran medida por disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional que utilizan el territorio costarricense como punto de tránsito y distribución.
En ese escenario, la promesa de endurecer el control carcelario resuena con fuerza en una ciudadanía que, según encuestas recientes, ubica la seguridad como su principal preocupación.
En El Salvador, el gobierno de Bukele logró reducir drásticamente la tasa de homicidios tras la implementación del estado de excepción en 2022, y su popularidad llegó a superar el 90% de aprobación según diversas mediciones, aunque organismos de derechos humanos han documentado también detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias cuestionables.
La diferencia que Fernández intentó marcar fue precisamente esa: tomar las herramientas de gestión penitenciaria que demostraron eficacia, sin reproducir los excesos que han generado cuestionamientos internacionales al modelo salvadoreño.
Un debate que apenas comienza
La declaración de Fernández encendió el debate público en Costa Rica sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales, una discusión que promete intensificarse conforme se acerque la fecha de su toma de posesión. Sectores académicos, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de oposición ya adelantaron que vigilarán de cerca la implementación concreta de estas medidas.
Lo que quedó claro es que la nueva administración costarricense tiene la intención de intervenir con mayor firmeza en el sistema carcelario, apostando por el aislamiento efectivo de los líderes criminales como palanca para reducir la violencia desde adentro hacia afuera.
