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Kattia Calvo rechaza «mitos» sobre privatización y defiende a fondo proyecto eléctrico del Gobierno

Diputada oficialista asegura que hay mucha desinformación y explica cambios que plantea la armonización del sistema eléctrico

Kattia Calvo, diputada de Pueblo Soberano, durante declaraciones sobre el proyecto de armonización del sistema eléctrico de Costa Rica
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Acontecer.co.cr

La diputada oficialista de Pueblo Soberano, Kattia Calvo, salió al paso de las críticas y cuestionamientos sobre el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, asegurando que existe «mucha desinformación» alrededor de la iniciativa.

Según explicó la legisladora, tras revisar el texto del proyecto, la conclusión es clara: no se plantea una privatización del sistema eléctrico costarricense. Calvo insistió en que las empresas públicas no se eliminan, no se venden y que el Estado mantiene tanto el control como la rectoría del modelo energético.

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Kattia Calvo explica qué plantea realmente el proyecto eléctrico

La diputada detalló que el objetivo principal de la propuesta es modernizar la estructura del sistema eléctrico, incorporando nuevas reglas y dinámicas de mercado con el fin de mejorar la eficiencia, sostenibilidad y reducir costos para los usuarios.

En esa línea, explicó que el proyecto establece una apertura parcial en áreas como la generación de energía y el mercado mayorista, permitiendo mayor competencia. No obstante, subrayó que la transmisión y distribución —es decir, la infraestructura como redes, cables y torres— seguirán siendo un monopolio regulado del Estado.

El ICE no desaparece: continuará como actor clave

Respecto al papel del Instituto Costarricense de Electricidad, Calvo fue enfática en que no desaparece ni pierde relevancia. Por el contrario, aseguró que continuará siendo un actor clave, manteniendo la operación de la red de transmisión nacional, generando energía y participando tanto en el mercado local como regional.

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Uno de los cambios más importantes que plantea el proyecto es la creación de una nueva entidad pública denominada Ecosen, que funcionaría como operador independiente del sistema eléctrico. Según explicó, esta institución tendría a su cargo la administración del mercado, la coordinación técnica del sistema y el llamado «despacho económico», es decir, la asignación de qué plantas generan energía en cada momento con base en criterios de costo y eficiencia.

Calvo señaló que este cambio responde a la necesidad de separar funciones dentro del sistema: que una misma entidad no sea al mismo tiempo juez y parte, es decir, operador del sistema y competidor en el mercado.

Usuarios residenciales no verán cambios en el servicio

En cuanto al impacto para los usuarios, la diputada aclaró que los consumidores residenciales y pequeños comercios no verán cambios en la forma en que reciben el servicio eléctrico. Estos continuarán bajo el esquema actual, sin posibilidad de elegir proveedor, ya que la apertura del mercado está dirigida exclusivamente a grandes consumidores conectados a redes de alta tensión.

La legisladora también reconoció que la implementación del modelo representa desafíos importantes, entre ellos la creación desde cero de la nueva institución, el traslado de funciones, la definición de reglas claras y la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema durante la transición.

Además, insistió en que el proceso debe ser gradual, para evitar riesgos en el suministro eléctrico y asegurar que el nuevo modelo funcione de manera eficiente.

Oficialismo refuerza postura en debate nacional

Con estas declaraciones, Calvo refuerza la posición del oficialismo en defensa del proyecto, en medio de un debate nacional marcado por advertencias de sectores que consideran que la iniciativa podría debilitar el modelo eléctrico público, frente a la postura del Gobierno que sostiene que se trata de una modernización sin perder el control estatal.

Brandon Segura
Escrito por
Brandon Segura

Brandon Segura Rojas es estudiante de periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Se especializa en información nacional y cobertura política. Está comprometido con un ejercicio periodístico ético, objetivo y sin sesgos, entendiendo la profesión como un contrapeso fundamental, orientado a la fiscalización del poder y al fortalecimiento de la democracia.

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