El abogado Joseph Rivera respondió con dureza a los cuestionamientos del defensor de Jeremy Mauricio Buzano Paisano durante la audiencia de apelación ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón, en el caso por el femicidio de Nadia Peraza.
Rivera, quien representa a la familia de la víctima, solicitó al tribunal rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa y elevar la condena impuesta en marzo de 2026 —79 años de prisión— a cerca de 85 años, al considerar que la pena no valoró en su totalidad la gravedad de los hechos.
El sentenciado fue condenado por el Tribunal Penal de Heredia por un delito de femicidio, once delitos de estafa informática y ocho de suplantación de identidad. La defensa alega falta de fundamentación y valoración indebida de la prueba.
Durante su intervención, Rivera calificó de temerarios los señalamientos del defensor José Francisco Herrera, quien había cuestionado el conocimiento técnico de la representación de la víctima.
“Señor defensor, no se equivoque: usted no conoce el derecho penal y no conoce la parte científica de la criminalística y la criminología”, respondió Rivera ante el tribunal.
El abogado también defendió la solidez de los indicios analizados en el proceso, especialmente aquellos relacionados con la permanencia del imputado junto al cuerpo de la víctima durante varios meses.
“¿Qué nos dicen las reglas de la experiencia? ¿Qué estaba haciendo con ese cuerpo durante tres meses?”, cuestionó, en referencia a los testimonios incorporados en el expediente.
Rivera sostuvo que la sentencia cumple con los requisitos de motivación establecidos en el Código Procesal Penal y que existe correspondencia entre la acusación del Ministerio Público y el fallo dictado.
Asimismo, argumentó que en la dosificación de la pena no se valoró adecuadamente la sustracción patrimonial posterior al crimen, cuando el condenado utilizó las tarjetas bancarias de la víctima, lo que —a su criterio— debió incidir en una pena mayor conforme a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.
“De haberse hecho la valoración correcta de todos esos delitos concurrentes, la pena hubiera sido mayor a los 79 años, cerca de 85 años de prisión”, afirmó.
El abogado concluyó solicitando el rechazo integral del recurso de apelación, al considerar que “no tiene asidero jurídico de fondo” para anular una sentencia dictada por jueces con amplia experiencia.
El caso queda ahora a la espera de la resolución del tribunal de apelación.
