El fiscal general Carlo Díaz elevó una petición ante la Sala de Casación Penal para dejar sin efecto 77 de los 121 procesos penales que recaen sobre Rodrigo Chaves Robles, funcionario que ejerce de forma simultánea como ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Dicho tribunal es el competente para conocer los asuntos judiciales de quienes forman parte de los Supremos Poderes.
Los datos fueron corroborados por la oficina de comunicaciones del Ministerio Público.
Razones que sustentan los cierres solicitados
Del total de 77 expedientes incluidos en la gestión del fiscal Díaz, 65 fueron señalados bajo el argumento de atipicidad, es decir, los hechos registrados no se ajustan a ningún tipo penal vigente.
En 11 expedientes adicionales, la justificación fue la ausencia de pruebas suficientes para sostener una investigación. El expediente restante no contó con una causal explícita en la solicitud.
Hasta el momento, la Sala de Casación Penal ha dado trámite favorable a 46 de esas peticiones, mientras que las 30 que quedan aguardan pronunciamiento del Alto Tribunal, según confirmó el área de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
Existe además un expediente identificado con el número 24-000092-0033-PE que aún no ha sido ingresado formalmente ante la Sala.
Cuarenta y dos investigaciones permanecen activas
El ministro Chaves Robles continúa siendo objeto de 42 investigaciones vigentes bajo la conducción del Ministerio Público. Las situaciones que originaron esos expedientes abarcan un período superior a cuatro años, con causas que datan incluso de 2026.
El conjunto de pesquisas abiertas involucra 20 tipos penales distintos, entre los que se cuentan abuso de autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes y prevaricato.
El espectro delictivo incluye también presuntos actos de legitimación de capitales, tráfico de influencias, traición a la patria y conductas consideradas atentatorias contra el orden constitucional.
Solo dos expedientes llegaron a la etapa acusatoria
A pesar del volumen de causas registradas, únicamente dos expedientes avanzaron hasta la acusación formal, ambos acompañados de una solicitud de desafuero en contra del ministro.
En el expediente 25-000019-0033-PE, vinculado a un presunto delito de concusión, los magistrados no alcanzaron la votación necesaria para autorizar el levantamiento del fuero, con lo que el proceso quedó paralizado.
El segundo caso, bajo el número 22-000116-1218-PE, está pendiente de deliberación ante el Tribunal de Corte Plena, instancia que deberá determinar si existen méritos para remitir al Congreso una solicitud formal de desafuero.
