La Contraloría General de la República identificó posibles vicios de constitucionalidad en cinco normas de ejecución del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2027.
El señalamiento apunta directamente a disposiciones que condicionan recursos del Poder Judicial y que asignan nuevas funciones al órgano contralor.
La norma 9 del proyecto plantea bloquear parcial o totalmente la ejecución de 313 de las 543 líneas de gasto del Poder Judicial.
El monto comprometido asciende a ¢29.844 millones, equivalentes al 5,6% del presupuesto total de esa institución para el próximo año.
Ese bloqueo representaría el 15,6% de los recursos del programa de Dirección y Administración y el 6,8% del Servicio de Investigación Judicial.
La propuesta establece condiciones para liberar esos fondos, como la presentación de estados financieros auditados del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015.
Además, exige la aprobación posterior por parte de instancias legislativas.
Funciones que desnaturalizan competencias constitucionales
Las normas 11 y 12 asignan a la Contraloría funciones de ratificación de estudios de costo-beneficio sobre compensaciones laborales y uso de plazas vacantes.
Esas disposiciones incluyen actualizaciones trimestrales que el órgano contralor debería realizar.
La Contraloría consideró que estas normas desnaturalizan sus competencias constitucionales al convertirla en coadministradora.
También sostuvo que exceden el carácter instrumental que deben tener las normas de ejecución presupuestaria.
El órgano contralor citó jurisprudencia de la Sala Constitucional que prohíbe asignar competencias sustanciales mediante normas presupuestarias.
Esa jurisprudencia también impide alterar el diseño constitucional del ente fiscalizador.
El Poder Judicial advirtió que las restricciones podrían afectar la continuidad de los servicios que presta a la ciudadanía.
También señaló riesgos para la capacidad de investigación del Organismo de Investigación Judicial y para la atención a víctimas.
El informe de la Contraloría se emitió en el marco del análisis del proyecto de presupuesto que actualmente se discute para el ejercicio económico 2027.
