El abogado y excandidato presidencial Boris Molina Acevedo advirtió que la negativa del Instituto Nacional de Seguros (INS) de cubrir el traslado completo de un paciente accidentado podría constituir una violación a derechos fundamentales, incluidos el derecho a la salud y el derecho a la vida.
La denuncia surgió luego de que Boris Molina Acevedo hiciera pública la situación de su hermano, quien sufrió un accidente grave en Guanacaste y requiere ser trasladado al Hospital de Trauma en San José.
Lea también: Boris Molina: juez no puede impedir salidas de menor sin riesgo comprobado
El INS cubre solo la primera ambulancia
Según explicó Boris Molina Acevedo, funcionarios del INS le indicaron que la institución únicamente cubre la primera ambulancia utilizada en el traslado. El resto del recorrido tendría que ser asumido de forma privada por el paciente si desea continuar recibiendo atención médica especializada.
Boris Molina Acevedo señaló que el caso podría estar amparado por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), que contempla una cobertura de hasta ₡6 millones, o por un seguro voluntario con una cobertura potencialmente mayor.
«En cualquiera de los dos escenarios, hasta que no se agote el monto de la póliza, no tiene sentido que limiten de esta forma el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida», advirtió Boris Molina Acevedo, abogado y excandidato presidencial.
Boris Molina Acevedo recalcó que la situación se agrava porque el afectado no cuenta con recursos económicos propios para costear el traslado, al punto de que tendría que recurrir a préstamos para poder pagarlo.
Riesgo de vida si no se realiza el traslado
El abogado fue enfático en señalar que la restricción impuesta por el INS no es un asunto meramente administrativo, sino que tiene consecuencias directas sobre la integridad física del paciente.
«Podría estar en riesgo la vida de esta persona si no es trasladada por el hecho de tener que hacerlo de forma privada», sentencio Boris Molina Acevedo.
Ante ese escenario, Boris Molina Acevedo indicó que el afectado tiene plena legitimidad para presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, sin necesidad de contar con representación legal.
«Se le está violentando su derecho a la salud, a la vida, a la integridad y a la dignidad. Son derechos constitucionales fundamentales. No se requiere abogado para interponerlo y está en todo su derecho de hacerlo», concluyó Boris Molina Acevedo.




