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El abogado Boris Molina explicó el funcionamiento de dos mecanismos legales que se pueden presentar ante la Sala Constitucional de Costa Rica, conocidos como la acción de inconstitucionalidad y la consulta constitucional.
Molina señaló que la acción de inconstitucionalidad se utiliza cuando se busca demostrar que una ley, reglamento, directriz o práctica administrativa es contraria a la Constitución Política o a los derechos humanos.
El experto indicó que este procedimiento sí requiere la participación obligatoria de un abogado, ya que debe presentarse de forma técnica ante la Sala Constitucional. Si el tribunal determina que la norma es inconstitucional, esta queda fuera del ordenamiento jurídico costarricense.
Además, explicó que la consulta constitucional no puede ser presentada por particulares, sino únicamente por funcionarios públicos como jueces, jerarcas institucionales o la Defensoría de los Habitantes.
Según detalló, este mecanismo permite que la Sala Constitucional determine si una norma o práctica es compatible con la Constitución, y sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio para todo el país.
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