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El abogado Boris Molina explicó que no era cierto que una persona permaneciera en la cárcel de forma indefinida por el no pago de pensión alimentaria.
Señaló que el actual Código Procesal de Familia establecía límites al apremio corporal: hasta dos meses la primera vez, cuatro meses la segunda y seis meses a partir de la tercera ocasión, como máximo.
Detalló que la normativa también contemplaba modalidades como el apremio nocturno o diurno, permitiendo a la persona trabajar durante parte del día para generar ingresos y cumplir con la obligación alimentaria.
Indicó que la aplicación de estas medidas quedaba a criterio del juez, quien debía valorar la conducta y disposición del obligado dentro del proceso.
Molina añadió que el apremio corporal solo aplicaba a personas mayores de 18 años y menores de 65, ya que los adultos mayores no podían ser privados de libertad por esta causa.
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