El diputado oficialista Gonzalo Ramírez Elizondo, presidente de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, archivó nueve de los diez expedientes activos en ese órgano, entre ellos investigaciones sobre presuntas irregularidades en la empresa Tradeco y el cierre de Coopeservidores.
La decisión generó un choque inmediato con la oposición, que advirtió que el archivo borra el trabajo —y los recursos públicos— invertidos por el Congreso anterior en esas investigaciones.
Qué expedientes quedaron archivados
Entre los expedientes clausurados figuran el 25.413, sobre presuntas irregularidades en la ampliación del tramo Barranca-Limonal a cargo de Tradeco; el 24.629, sobre nombramientos cuestionados en la junta directiva del Banco Popular; y el 24.394, relativo al cierre de Coopeservidores.
Gonzalo Ramírez aplicó el artículo 232 del reglamento legislativo, que faculta a la presidencia de una comisión a archivar expedientes cuando el plazo para presentar informes finales ya expiró, tal como ocurrió con todos esos casos.
Justificación del oficialismo
El diputado por San José, de la fracción Pueblo Soberano, defendió la medida como una acción de orden y renovación en la agenda de la comisión.
«Durante la legislatura anterior, los expedientes no avanzaron lo suficiente para que pudieran ni siquiera acercarse a la elaboración de un informe», justificó Gonzalo Ramírez Elizondo.
Gonzalo Ramírez insistió en que la decisión no cierra definitivamente ningún tema.
«Esto no quiere decir que nosotros no podamos presentar una solicitud de que se abra un expediente de investigación. Lo que estamos haciendo es liberar espacio y tiempo para estudiar temas nuevos y plantear investigaciones actuales y poner situaciones reales», recalcó el diputado.
El oficialismo añadió que cualquier legislador tiene la libertad de volver a solicitar la apertura de una investigación sobre los asuntos archivados. Servicios Técnicos de la Asamblea precisó además que, en ese caso, los expedientes completos podrían adjuntarse a nuevos proyectos.
Oposición: un retroceso con recursos públicos desperdiciados
La diputada del Frente Amplio Sigrid Segura Retana fue una de las voces más críticas ante el archivo masivo, cuestionando el costo que implicó construir esos expedientes.
«Me preocupa que se tomen ese tipo de decisiones porque precisamente son expedientes de investigaciones que ya tienen bastante tiempo de haberse realizado», advirtió Sigrid Segura.
Sigrid Segura fue más directa al señalar el impacto concreto sobre el erario.
«Hay recursos públicos importantes invertidos en esas investigaciones, hubo audiencias, documentación y creo que sería un retroceso simplemente archivar todas las investigaciones», criticó la legisladora frenteamplista.
Tras el archivo de los nueve expedientes, la comisión cuenta ahora con un único caso activo en su agenda, cuyo plazo para presentar informe vence en julio próximo.
