Estrategia jurídica busca saldar una deuda histórica y garantizar seguridad jurídica a comunidades ancestrales del Caribe costarricense
Las abogadas Marielos Jiménez y Mila Argueta, de la firma Antígona Legal Force, señalaron en una entrevista con nuestro medio que desde el año 2025 han impulsado una etapa de búsqueda de vías idóneas para lograr la seguridad jurídica de pobladores y poseedores históricos de comunidades de la Vertiente Atlántica.
Este trabajo, realizado en conjunto con la Comisión de la Vertiente Atlántica, Pobladores y Empresarios, ha derivado en el levantamiento de más de cien expedientes que visibilizan una realidad histórica que, a criterio de las juristas, Costa Rica debe reconocer.
Evolución de la identidad: de “habitantes” a “poseedores históricos”
Mila Argueta explicó que durante las giras realizadas en Parismina, Pacuare, Colorado Sur y Norte, Isla Brava, Puerto Lindo, Cuatro Millas y Linda Vista, entre otras localidades, se evidenció la necesidad de que los propios habitantes transformaran su autopercepción.
Hacia una identidad potente basada en la historia
“En su gran mayoría eran hijos de pobladores históricos que, generación tras generación, desarrollaron esos territorios”, afirmó Argueta. La abogada destacó que en comunidades como Colorado encontraron tumbas de larga data cuyos descendientes aún residen en el lugar, lo que evidenciaba una ocupación continua.
La figura del “poseedor histórico”
Actualmente, según Argueta, esa identidad ha evolucionado hacia la figura de “poseedores históricos”, especialmente en aquellos casos en los que la propia institucionalidad reconoce, mediante documentos históricos, la existencia de una posesión legítima previa a ciertas leyes que hoy limitan la tenencia.
Bases históricas del reconocimiento territorial
Marielos Jiménez expuso dos pilares fundamentales para comprender la situación actual de la Vertiente Atlántica.
Reconocimiento de la historia ancestral
Jiménez subrayó la necesidad de reconocer la historia de la Vertiente Atlántica, documentada por historiadores como:
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Elizet Payne Iglesias
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Girolano Benzoni
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Luis Hurtado y Maritza Gutiérrez
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María Eugenia Ibarra y Paula Pérez
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El agrimensor Enrique Cooper
Estos autores han descrito la importancia de los puertos del Caribe costarricense, sus ríos navegables y la conectividad con el mar Caribe, conocido históricamente como el “desaguadero”. Jiménez recordó que estos territorios funcionaron como puertos desde épocas precolombinas, con asentamientos continuos durante la Colonia, la Federación y la Costa Rica independiente.
“Payne Iglesias describe que, entre 1632 y 1830 aproximadamente, Matina era una población muy productiva y la más importante del Caribe costarricense. Es en este lugar en donde se ubicaron las autoridades con la respectiva aduana y la iglesia.”
Derechos adquiridos previos a la protección estatal
Antes de la creación de entidades como Japdeva, la Zona Marítimo Terrestre, los Parques Nacionales y los Refugios Mixtos de Vida Silvestre, existían poblaciones formalmente establecidas. Jiménez señaló que el propio Estado apoyó a estas comunidades con infraestructura como escuelas, colegios y oficinas del ICE.
“Hay familias que se establecieron en estos territorios antes de la creación de estas leyes, sin poder inscribir registralmente estos terrenos que han sido desarrollados por estos pobladores desde antes […] Lo anterior los convierte en poseedores históricos”, afirmó.
Fundamentos legales y constitucionales
Retroactividad de los derechos
Marielos Jiménez indicó que al reconocer la existencia previa a las leyes, los derechos deben ser reconocidos de forma retroactiva con base en:
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Artículo 34 de la Constitución Política (principio de irretroactividad de la ley cuando sea favorable)
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Artículo 50 de la Constitución Política (derecho a un ambiente sano y desarrollo)
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Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (derecho a la propiedad)
Recursos naturales y subsistencia
En cuanto a los recursos naturales dentro de los territorios, Jiménez advirtió que las restricciones impuestas no deben implicar la denegación de la subsistencia como pueblo.
Destacó que muchos poseedores históricos son descendientes de pueblos indígenas y tribales, por lo que tienen derecho a exigir al Estado el reconocimiento legal de sus tierras.
Desafíos institucionales y caminos de solución
Diálogo técnico y voluntad institucional
Mila Argueta explicó que el proceso enfrenta el desafío de que cada caso es diferente, aunque no descartó estrategias colectivas en el futuro.
“Nuestro trabajo es acercar, por medio del diálogo efectivo y técnico, a ambas partes (institucionalidad y pobladores) y buscar soluciones viables dentro de la realidad jurídica actual, pero siempre reconociendo que Costa Rica, la Vertiente Atlántica, tiene una historia que no se puede simplemente borrar”, afirmó.
No es necesaria una ley nueva
Marielos Jiménez concluyó que no se requiere una nueva legislación, sino voluntad institucional para reconocer los derechos existentes y saldar una deuda histórica.
“Quedamos a la espera de que las instituciones quieran dialogar con los poseedores históricos”, señaló.
