Los procesiones Semana Santa Nicaragua fueron nuevamente prohibidas en espacios públicos por el Gobierno, decisión que se había repetido por tercer año consecutivo en 2026.
Las autoridades habían impedido actividades religiosas tradicionales como el viacrucis, en medio de un fuerte despliegue policial y denuncias de vigilancia constante en templos.
Según reportes, la Policía Nacional había mantenido presencia en iglesias con miles de oficiales para evitar concentraciones, lo que había limitado las celebraciones a espacios internos.
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La medida había impactado especialmente a comunidades religiosas en zonas como Matagalpa, donde parte del clero había salido del país ante el contexto.
Las restricciones se habían enmarcado en un conflicto más amplio entre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y la Iglesia católica, intensificado desde 2018.
La abogada Martha Patricia Molina había señalado que las actividades religiosas se desarrollaban bajo presión, vigilancia y exigencias de información por parte de las autoridades.
Datos recopilados indicaban que más de 16.000 procesiones y actividades religiosas habían sido prohibidas entre 2019 y 2025, mientras que desde 2023 las limitaciones se habían vuelto generalizadas.
