María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, falleció este 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid sin haber regresado a la vivienda de la que fue desalojada el pasado 23 de septiembre.
La mujer de 87 años residió durante 71 años en un inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, bajo un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid confirmó el deceso mediante un comunicado en el que calificó el desenlace como una situación evitable.
«Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante»
Maricarmen fue sacada en camilla del inmueble durante el cuarto intento de desahucio ejecutado por la propiedad, identificada como Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, un fondo inmobiliario.
La anciana pagaba una renta cercana a los 500 euros mensuales con su pensión, mientras la propiedad buscaba un incremento que los reportes sitúan en cifras superiores a los 1.600 euros.
Acuerdo alcanzado que nunca se concretó
El 28 de septiembre, cinco días después del desalojo, se alcanzó un acuerdo mediado por el Ayuntamiento de Madrid para que Maricarmen regresara a su hogar con un alquiler ajustado a sus ingresos.
El pacto quedó pendiente de ratificación por parte de la mujer, quien permanecía hospitalizada desde el día del desahucio.
La abogada Beatriz Duro participó en las negociaciones que buscaban revertir la orden judicial, según confirmaron reportes de agencia.
El fallecimiento ocurrió 14 días después del desalojo, sin que Maricarmen pudiera volver a la vivienda donde transcurrió la mayor parte de su vida.
Un caso que movilizó a España
El desahucio de Maricarmen generó protestas, vigilias y acampadas en Madrid, incluida una en la Puerta del Sol, que convirtieron su caso en símbolo de la crisis de vivienda española.
Desde el hospital, la mujer agradeció el apoyo recibido y pidió continuar la lucha por el derecho a la vivienda, según reportaron medios españoles.
El proceso judicial incluyó fallos a su favor en primera instancia, posteriormente revocados por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo a favor de la propiedad.
Maricarmen tenía una discapacidad del 50% y movilidad reducida, condiciones que agravaron el impacto del desalojo forzoso.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid convocó a una concentración en memoria de la anciana tras conocerse la noticia de su muerte.