Columna de Opinión por: Jordan U. Dondi, Director Nacional de Educación, Organización Democrática Mundial.
Durante la dictadura de Francisco Franco, la educación española fue tomada por la ideología, los principios y los discursos del régimen, convirtiendo la educación en un adoctrinamiento cuasi religioso.
El tema es abordado en una tesis de Nuria Rodríguez Carabello, titulada «Adoctrinamiento y educación en España durante el Franquismo» (2015).
En ella señala los esfuerzos del régimen por la prohibición de libros de texto, en los cuales se mencionaban otras formas de ideología política. También se refiere al sexismo inculcado en la época, el cual denigraba y desvalorizaba la figura de la mujer, limitándola a labores domésticas y maternales, incluso explica el surgimiento de la educación diferenciada la cual dividía los grupos de estudiantes según su sexo, queriendo demostrar mayor desarrollo cognitivo en los hombres. El régimen también promovía a través de la educación los principios católicos, demostrando así su interés por una sociedad tradicional y religiosa.
Es cierto que nuestra Costa Rica vive hoy en una de las democracias más estables, pero eso no nos exime de una «dictadura ideológica» o en otras palabras de la imposición de ideas. Recientemente un candidato a la presidencia defendió su posición en relación con un tema, a mi criterio, muy personal. Enseñar abstinencia en los centros educativos es promover principios religiosos que se deben enseñar en la casa. Se habló de abstinencia, pero basta un poco de imaginación para pensar en lo que haría un futuro gobierno de ese partido tradicional y religioso en la educación pública de nuestro país.
En el mismo sentido, la aplicación del cuestionario «Factores Asociados» por parte del Ministerio de Educación deja confusión en los docentes y en la población estudiantil al evidenciar intereses más políticos que educativos. Asimismo, la aparición de proyectos de gobierno en preguntas de las cuestionadas pruebas FARO.
Sin afán de extender lo que ya estas semanas se ha dicho en relación con la irresponsabilidad del MEP y sus jerarcas, a los ticos nos corresponde seguir pagando impuestos para que el ministerio nuevamente los malgaste en formularios que posteriormente serán destruidos.
Todos anhelamos una reforma educativa, hace más de 10 años se solicita y ninguno de los cuatro ministros que han ocupado el cargo de turno han sido capaces de emprender el reto. Los informes del Estado de la Educación evidencian desde 2008 una serie de problemas que después de 12 años no se han solucionado. La poca competencia en matemáticas y comprensión de lectura, que fue expuesta desde la aplicación por primera vez de las pruebas PISA en el país, colocándonos en una posición vergonzosa que no llegaba ni al promedio (Estado de la Educación 2013). La baja adquisición de un segundo idioma por parte de los estudiantes. Apenas un 11% de la población estudiantil alcanzaba un nivel regular en el dominio del inglés (Estado de la Educación 2011). Las Juntas de Educación desde hace 5 años presentan problemas presupuestarios y no existe un mecanismo de control y fiscalización de estas (Estado de la Educación 2017).
Cambios en los planes de estudio, reformas en la evaluación, aprobaciones de políticas educativas, jefes, directores y ministros vienen y van, y la crisis educativa sigue creciendo.
El problema de someter el MEP al poder ejecutivo es que la educación está a merced del partido político de turno y de las fuerzas políticas del momento. Cada cuatro años los docentes y el personal educativo están a la expectativa de las nuevas reformas, normas y ocurrencias del gobierno en relación con la educación.
Nuestro país necesita por la vía política y jurídica separar la educación pública del poder ejecutivo, es decir, cambiar la constitución responsablemente para que el Ministerio de Educación Pública sea administrativamente autónomo, como las universidades públicas del país.
La separación de los intereses partidarios y políticos de la educación es el único medio para concretar la reforma y la transformación del ministerio más complejo de la nación.
No necesitamos más ministros puestos por conveniencia del presidente, necesitamos ministros legitimados por los docentes y el personal administrativo de los centros educativos.
No necesitamos políticos ni académicos a la cabeza del MEP, necesitamos líderes con capacidad de tomar decisiones concretas, necesitamos un ministro(a) con carácter y firmeza, necesitamos un educador con ideas nuevas pero útiles para la educación costarricense.
La educación pública no puede ser esclava de la política partidaria, porque junto con la salud es el único bien social e institucionalizado que nos hace progresar como sociedad.
Los docentes deben tener el poder de elegir y destituir, si fuese necesario, al ministro de educación, porque solamente a los educadores les compete, no a los políticos ni a las fuerzas económicas del país. Al Parlamento le competerá supervisar y exigir cuentas al ministerio, pues la educación pertenece al Estado, pero no podemos continuar con un método que hoy es ineficiente. Un nombramiento de cuatro años no es suficiente para llevar a cabo la reforma administrativa, organizacional y educativa que requiere urgentemente el MEP.
El país no puede seguir perdonando el despilfarro presupuestario que ha hecho el Ministerio de Educación en los últimos años. Los docentes no merecen laborar en un ambiente cargado de responsabilidades administrativas, y sobre todo, los estudiantes no merecen una educación paupérrima.
Repensar la educación no es cambiar temarios, políticas o contenidos, repensar la educación es rediseñar el sistema educativo completamente, identificando los problemas y solucionándolos, imitando las buenas prácticas extranjeras y sobre todo, tomando decisiones inteligentes y útiles.
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