Opinión por: Carlos Oliveira Valverde
De cara a las próximas elecciones presidenciales, es importante someter a análisis las propuestas y los discursos políticos oficialistas. Así pues, luego de la negativa del economista Gerardo Corrales de continuar participando en la campaña presidencial liberacionista -por aparentes motivos personales y profesionales- solo resta investigar las promesas contenidas en el “Plan Rescate”. Como sabemos, la aprobación de leyes que transfieran un presupuesto económico destinado a brindar bienes o servicios públicos requiere que se indique el origen económico que respalda esa partida presupuestaria de manera clara, precisa, razonable y veraz.
En primer lugar, el Plan 9-1-1 prevé para el sector vivienda la inversión de $600 millones en subsidios de ingresos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Sin embargo, es cuestionable la veracidad de esta afirmación dado que según el Plan de Presupuesto 2020 del Fodesaf el monto total de los recursos que se asignaron en esa ocasión ascendió a los ¢649 mil millones ($100 mil millones) de los cuales aproximadamente ¢451 mil millones ($715 millones) corresponden a rubros destinados a instituciones con montos o porcentajes fijos o mínimos definidos en la legislación vigente. Esto significa que, la propuesta pareciera no ser factible dado que una reforma legal de ese tipo sería inconstitucional por vulnerar las obligaciones estatales y los principios constitucionales de solidaridad, justicia social y redistribución de la riqueza.
En segundo lugar, se propone que los bancos otorguen créditos hipotecarios para la construcción de viviendas de clase media y los traslade a un nuevo Fondo Nacional para la Vivienda, el cual a su vez pagaría una comisión a los entes financieros por la gestión de cobro, con el fin de que esas hipotecas sean colocadas como bonos en otras entidades intermediarias como operadores de pensiones. No obstante, con el fin de evitar una crisis inmobiliaria y financiera (similar a la de 2008) podemos preguntar si esta propuesta es viable a la luz de la capacidad adquisitiva actual de la sociedad costarricense, pues según la economista Roxana Morales Costa Rica enfrentará una lenta recuperación económica y solo “a niveles prepandemia en términos del PIB per cápita hasta el segundo trimestre del 2023” (Ronny Gudiño, 2021). En tercer lugar, el Plan 9-1-1 propone la solicitud de un crédito de $300 millones ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (más allá de los créditos ya solicitados) generando un sobreendeudamiento para garantizar ante los bancos -nacionales- los créditos de unas 18.000 empresas y la creación de un Bono Verde Comunal por tan solo seis meses (Madrigal, 2021).
En ese sentido, podemos preguntarnos si la expresión “Costa Rica merece ganar” se refiere a “mejorar, medrar, prosperar” o bien a un estado utópico al que se aspira tras “aventajar o exceder a alguien en algo” (Real Academia Española).
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