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La Sala Constitucional (popularmente conocida como Sala IV) anuló el decreto del Gobierno de Rodrigo Chaves que suspendió a varios miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), esto al declarar con lugar el amparo presentado por representantes de varios sindicatos que conforman la “Unidad en la Acción Sindical”.
El Consejo de Gobierno suspendió mediante decreto el 7 de diciembre de 2022 a varios de los directivos de la institución, acusándolos entre otras cosas de haber incurrido en conflictos de interés a la hora de aplicar un aumento a los salarios que habían sido congelados durante la pandemia de COVID-19.
Los miembros suspendidos por el decreto fueron José Luis Loría Chaves (cooperativismo), Maritza Jiménez Aguilar (solidarismo), Martha Elena Rodríguez González (sindicalismo), Carlos Salazar Vargas (Ejecutivo) y Jorge Arturo Hernández Castañeda (Uccaep).
La Sala condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos denunciados, los que se podrán reclamar en un proceso de ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa.
La sentencia fue adoptada por mayoría de los magistrados; el magistrado Fernando Castillo Víquez y la magistrada Anamari Garro Vargas salvaron el voto, declarando el amparo sin lugar.
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