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La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Salud, la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). En su sentencia, ordenó que se adopten y ejecuten las recomendaciones de un informe emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y AyA, que recomienda la prohibición del fungicida Clorotalonil.
El “Informe Técnico Clorotalonil” señala entre otras cosas:
- A la luz de la evidencia presentada, se puede concluir que el clorotalonil presenta riesgos significativos para la salud humana y el medio ambiente.
- El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea debido a su potencial carcinogénico y su capacidad para contaminar las aguas subterráneas con metabolitos de su degradación
- La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha clasificado el clorotalonil como un posible carcinógeno humano y un posible agente tóxico para la reproducción y el desarrollo, y la exposición a este compuesto puede causar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias, así como náuseas, dolor de cabeza y mareos.
- En la provincia de Cartago, Costa Rica se cuenta con ocho nacientes destinadas para consumo humano, las cuales están siendo contaminadas debido a la invasión de zonas de protección y de recarga de acuíferos por la actividad agrícola y ganadera.
- Se recomienda la prohibición del uso del fungicida clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea y Suiza.
La Sala Constitucional dio al Ministerio de Salud, MAG, MINAE y AyA un plazo máximo de seis meses para adoptar y ejecutar las recomendaciones del informe.
El recurso de amparo fue presentado por el Frente Ecologista de Cipreses (Frente Ecocipreses), organización comunitaria de Oreamuno de Cartago.
Para el magistrado Jorge Araya García, instructor del caso “esta sentencia es de especial relevancia porque no solamente se está ante el riesgo de consumir agua contaminada, sino que los informes técnicos, que constan en el expediente, señalan que hay un claro riesgo para la salud humana debido a que muchos productos agrícolas que provienen de la zona se riegan con agua afectada por este plaguicida”.
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