La Sala Constitucional de Costa Rica dio curso a una acción de inconstitucionalidad promovida por Miguel Guillén, secretario general del Partido Liberación Nacional, en la que se impugna la adhesión del país a una coalición internacional contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Donald Trump.
El político alegó que la iniciativa podría desdibujar el modelo de seguridad civil consagrado en la Carta Magna.
En su resolución, los magistrados concedieron un plazo de 15 días hábiles para que el presidente Rodrigo Chaves, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el canciller Arnoldo André y la Procuraduría General de la República presentaran su posición frente a los señalamientos.
La admisión del recurso, aclaró el tribunal, no suspende las acciones del Ejecutivo, aunque sí abre un proceso de fondo sobre la constitucionalidad de los compromisos asumidos.
Guillén centró su impugnación en dos hitos específicos: la suscripción de una declaración de seguridad durante una conferencia en Florida y la participación del mandatario costarricense en la cumbre “Escudo de las Américas”, donde se formalizó una alianza hemisférica contra organizaciones criminales.
A criterio del dirigente, ambos hechos revestían un carácter militar que requería, al menos, la anuencia de la Asamblea Legislativa.
El recurso también puso en duda la transparencia del Gobierno, pues —según expuso el accionante— no existe claridad sobre las obligaciones concretas adquiridas por el país.
Como ejemplo de los riesgos, mencionó un operativo internacional reciente que culminó con el traslado de personas fallecidas a un centro médico en Golfito, un hecho que, en su opinión, reflejaba la ambigüedad de la participación nacional.
Pese a reconocer la urgencia de combatir al crimen organizado, Guillén insistió en que la tradición constitucional costarricense exige mantener una línea clara entre cooperación policial y militarización.
“Hay una frontera clara entre cooperación policial y militarización, y esa línea no se puede cruzar”, enfatizó.
La Sala IV deberá resolver ahora si los actos cuestionados vulneran disposiciones constitucionales como la que prohíbe el ejército como institución permanente, así como el principio de separación de poderes por la eventual omisión del trámite legislativo.
