La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para suspender los traslados de reclusos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
El recurso fue interpuesto un día después de la inauguración del centro, ocurrida el miércoles 14 de octubre en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela.
La organización advirtió sobre posibles riesgos para la salud, la seguridad y la dignidad de las personas privadas de libertad.
Entre los señalamientos principales figuran las altas temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados dentro de las celdas y la falta de privacidad en los servicios sanitarios.
También se mencionaron posibles deficiencias en la vigilancia y una cantidad insuficiente de personal médico para atender a la población recluida.
La presentación del recurso no significa que se hayan comprobado violaciones a los derechos humanos ni que los traslados estén automáticamente suspendidos, según el texto de la publicación original.
Preocupación por convivencia de grupos rivales
Otro de los puntos planteados en el recurso es la posibilidad de que integrantes de organizaciones criminales rivales compartan espacios dentro del centro penitenciario.
Esa situación, según la asociación, podría derivar en enfrentamientos violentos entre los internos.
El CACCO tiene capacidad para 5.100 reclusos y está inspirado en el modelo penitenciario de máxima seguridad de El Salvador.
El centro constituye una de las principales apuestas del Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado para combatir el crimen organizado y fortalecer el control del sistema penitenciario.
Trámite ante la Sala Constitucional
La Sala Constitucional deberá valorar los argumentos presentados por la organización y determinar si corresponde ordenar medidas cautelares para proteger a los internos.
El funcionamiento del centro deberá ajustarse a las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales establecidos en la legislación costarricense.
